La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó amnistía a Víctor Ramón Vargas Salazar, actual alcalde de Campoalegre, municipio huilense de poco más de 35.000 habitantes.
Vargas, exmiembro de las ex FARC, fue condenado en mayo de 2011 por el delito de tenencia ilegal de armas. La JEP verificó sus antecedentes y encontró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no lo había registrado como exguerrillero.
Luego de recabar diversas pruebas, incluido el proceso penal por el que fue capturado en abril de 2011, la Jurisdicción concluyó que formaba parte de las extintas FARC, por lo que podía acceder a los beneficios que ofrece el sistema de justicia transicional.
Por ello, para esclarecer la situación jurídica de Vargas, la Sala de Amnistía emitió una resolución de veintidós páginas en la que le concedió la amnistía y ordenó a los entes de control y al Consejo Nacional Electoral tomarlo en cuenta para distintos procedimientos.
La de 2011 no es la única sentencia que pesa sobre el presidente municipal. En febrero de 2004, un juzgado del circuito de Bogotá lo condenó, pero un juez de ejecución de pena declaró prescrita la pena porque el entonces subversivo nunca fue detenido.
Sin embargo, dicha sentencia aún continúa teniendo efectos jurídicos negativos para el señor Vargas Salazar como consecuencia de la inhabilitación especial permanente para ser alcalde que se generó y que consta”.
JEP.
Para suplir las implicaciones negativas, el Jurisdicción determinó que la amnistía cubre a Vargas en un total de tres procesos, por lo que su inhabilitación vitalicia debe quedar “suspendida”, por lo que no hay impedimento para ejercer como alcalde. Lea: La JEP expulsó a ‘Andrey’, negociador del Estado Mayor Central con el Gobierno
La Fiscalía General, la Contraloría, la Policía y el Inpec deben “retirar de sus respectivos sistemas los posibles antecedentes disciplinarios, fiscales o penales que aún puedan ser denunciados” contra Vargas, ordenó la Sala de Amnistía.
Sin embargo, la situación jurídica del alcalde de Campoalegre no está del todo precisada. La JEP advirtió “la necesidad de ampliar información respecto del proceso penal seguido” contra Vargas para concluir cuál es la responsabilidad de la justicia transicional.
Por ejemplo, Víctor Vargas estaba siendo procesado por presuntamente haber colaborado con la organización terrorista ETA en España. El gobierno español solicitó su extradición en 2011, pero rechazó esa solicitud al año siguiente.
El Fuero debe establecer si existieron los vínculos entre las entonces Farc y ETA, así como si el alcalde Vargas debe responder por otros casos. Por ahora el beneficio de la amnistía sigue vigente y Víctor puede seguir ejerciendo su mandato.
Otorgar amnistías es una de las tareas de la JEP en virtud del Acuerdo de Paz de 2016. Es una concesión que el Estado ofrece contra crímenes relacionados con el estatus político que mantenía el ex grupo subversivo, no contra crímenes de lesa humanidad. .
