Esta semana se ha vuelto a hablar del uso de instrumentos militares en la lucha contra el crimen organizado. Si bien las declaraciones se dan en el marco de una futura carrera presidencial y el posicionamiento que tenga cada candidato a La Moneda, es relevante analizar el tema en perspectiva, poniendo siempre a Chile en el centro.
Proponer recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia sugiere que la distorsión en materia de orden público ha llegado a tal nivel que las instituciones policiales se han visto desbordadas y el poder político es incapaz de desempeñar sus funciones con normalidad.
Quizás sean muchos los que confirmen lo anterior, pero la realidad nos muestra algo muy diferente. Actualmente la policía cumple con su misión constitucional y se observan operativos exitosos. Podemos debatir la necesidad de modernización ante nuevas amenazas, pero estrictamente hablando no es posible mencionar que han sido superadas por ellas.
El poder político, por su parte, puede llevar a cabo sin problemas el proceso de toma de decisiones, desarrollo de estrategias sectoriales y gestión de la seguridad pública. No es posible sugerir que la alteración del orden público impacte su trabajo.
Entonces ¿por qué recurrir a estas propuestas? No hay duda de que el Estado de derecho ha retrocedido en determinadas zonas del país. Los campamentos de las zonas norte y central son un ejemplo. También lo es la Macrozona Sur. Es cierto que resulta bastante atractivo apuntar a las Fuerzas Armadas cuando se las considera un instrumento eficaz para resolver problemas de seguridad, pero ese no es un argumento correcto.
El uso del instrumento militar para combatir las amenazas a la seguridad pública debe basarse en un análisis profundo de su importancia, su aporte al objetivo final y pensando siempre en la importancia de la Defensa Nacional. Además, su despliegue en territorio nacional se da en el marco de un Estado de Excepción de tiempo limitado y, la importancia de esta excepcionalidad es su contribución a la generación de capacidades del Estado para resolver el desafío.
Poner el tema en perspectiva no es un capricho, implica pensar estratégicamente en el país. Analiza tu entorno, conoce la naturaleza de los desafíos, identifica y hazte cargo de brechas y debilidades. Es decir, colocar a Chile en el centro, fortaleciendo el Estado de derecho y recuperando el control del territorio. Esto no se puede lograr sólo con una propuesta para desplegar el ejército.
La Defensa Nacional juega un papel fundamental que contribuye a generar un ambiente libre de amenazas y riesgos. La policía nos permite controlar el orden público e investigar el crimen, pero enfrentar el crimen organizado requiere mucho más que eso. Es necesario abordar el aspecto social, político y económico del problema. Necesita un Estado fuerte, libre de corrupción y un poder político convencido. En otras palabras, requiere pensamiento estratégico.
El desafío ya no es generar el diagnóstico ni idear acciones para combatirlo. El desafío es pensar estratégicamente en Chile.
