¿Qué viene en Colombia tras la condena en EE.UU. contra la empresa Chiquita Brands por financiar a paramilitares? Las víctimas serían indemnizadas

La multinacional reconoció que apoyó financieramente a grupos paramilitares en la región de Urabá antioqueña y el Magdalena Medio entre 1997 y 2004.

Se trató de un proceso de 17 años, donde 10 jurados, ayer, en un Tribunal de Florida (Estados Unidos), fallaron en contra de la empresa al encontrarla civilmente responsable de financiar a grupos paramilitares.

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El juicio sienta un precedente histórico que abre la puerta a las víctimas del paramilitarismo contra el financiamiento de la empresa. Se estima que más de 200.000 personas fueron afectadas por esta acción, pero sólo 9 víctimas se presentaron formalmente en este proceso.

El jurado encontró culpable a Chiquita Brands de 8 de los 9 casos presentados, por los cuales sus familias recibirán una compensación económica.

“Las identidades de las víctimas y sus familias se han mantenido ocultas por motivos de seguridad y otras cuestiones. Pero lo que está claro es que recibirán una aportación económica como compensación. Son personas que murieron a manos de los paramilitares. y sus familias serán reparadas”, dijo a EL TIEMPO una de las personas que se ha declarado víctima de la multinacional, pero aclaró, “no tiene nada que ver con el proceso juzgado en Estados Unidos”.

El caso fue resuelto en un tribunal de West Palm Beach, donde se estableció que los familiares de las 8 víctimas reconocidas en este tribunal podrían recibir cerca de dos millones de dólares de indemnización.
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​En Tribunal, el jurado decidió sancionar a la empresa Con el pago de 38 millones de dólares, este dinero se destinará a la reparación de las víctimas.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica “en 40 años, los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos en Colombia”.
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​El Centro señala que un total de 2.518 de estos asesinatos fueron perpetrados por el GAPD durante su período de desmovilización entre 2006 y 2015, según el informe “Grupos Armados Post-Desmovilización”.

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Ese fue uno de los argumentos de la justicia estadounidense, la serie de crímenes-masacres, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas-​ que los paramilitares se comprometieron a condenar a Chiquita Brands.
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Derechos de la Tierra Internacionales la Organización No Gubernamental, la que representó a las víctimas en este proceso, y así, logró desvirtuar la defensa de la empresa que aseguró que dicho dinero fue entregado a las autodefensas “bajo presión, mediante extorsión”.

El otro aspecto se refiere a que con esta frase Se abrirá un proceso paralelo para buscar en Colombia a las personas que realizaron los pagos en nombre de la multinacional.

Los abogados defensores han insistido en que con estos “pagos se estaba garantizando la integridad y la vida de los trabajadores de la empresa en Colombia”, versión que ha sido rechazada por los tribunales.
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​”Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se benefician a expensas de los derechos humanos: sus acciones no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial“, dijo ayer Marco Simons, director jurídico de la ONG EarthRights International.
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​El 15 de julio habrá otro juicio contra la empresa Chiquita, representando a 10 víctimas.

Earth Rights International explica que, tras una investigación judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita Brands se declaró culpable de financiar grupos terroristas en Colombia, pero nunca proporcionó reparación a las víctimas cuyos seres queridos fueron asesinados por los terroristas que financiaba. .

“Más de 7 años (1997-2004) Chiquita entregó a través de pagos mensuales un total de más de 1,7 millones de dólares a las fuerzas de seguridad controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) una brutal organización paramilitar conocida internacionalmente por sus homicidios y masacres; clasificada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos (2001), lo que convirtió su financiamiento en un delito federal”, señala en su sitio web.

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En 2007, indica que presentó “una demanda colectiva en la que acusamos a Chiquita de financiar crímenes de guerra: violaciones, secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos y desapariciones de líderes sociales, campesinos, indígenas y civiles, así como otras violaciones de derechos humanos”. derechos humanos.” por las AUC”.
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​ALICIA LILIANA MÉNDEZ
​Editorial de Justicia:
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