El presidente Gustavo Petro y Antonio García, máximo comandante del ELN.
Foto de : El Espectador
Este lunes se conoció un duro comunicado de la delegación del Gobierno en el proceso con el ELN. En el documento, los negociadores piden, entre otras cosas, a la guerrilla detener los ataques contra el presidente Gustavo Petro y los miembros del equipo de paz.
“Hemos guardado silencio pacientemente para no seguir en la lógica del enfrentamiento mediático. Entendemos que, en el desarrollo del VI Congreso del ELN, se están realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión contra el Presidente de la República y miembros del equipo de paz del gobierno, ni reclamaciones infundadas de incumplimiento. “Utilizar reivindicaciones externas para resolver contradicciones internas no contribuye al proceso de paz”, dice la declaración.
El texto también hace referencia a los recientes compromisos asumidos entre las partes, como el histórica firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogosobre la participación de la sociedad civil. Según la delegación, a pesar de las decisiones de la guerrilla, como volver a los secuestros extorsivos, los acuerdos se han seguido cumpliendo.
“Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre Participación –Acuerdo No. 28- para cumplir con las comunidades y sectores que depositaron su confianza en el diseño de intervención democrática en este proceso, incluso en medio del rechazo que Eln no renuncia al secuestro por motivos económicos ha generado en la sociedad colombiana”, señala el texto.
Y agrega: “Hemos mantenido este compromiso y el cese al fuego, a pesar de los anuncios de ‘congelamiento’ del ELN. “Hemos cumplido todos los compromisos, lo que incluye proponer soluciones a las crisis”.
El tema del congelamiento se refiere a las declaraciones que miembros de esa delegación guerrillera dieron el 30 de mayo -a pocos días de la firma del acuerdo- en el quien dijo que el La mesa todavía estaba “congelada”.
Finalmente, el equipo de paz del Gobierno pidió a Antonio García, máximo comandante del ELN, “abandonar la estrategia de ataque y difamación personal”. Este lunes, García publicó una columna en la que acusa al Gobierno de “eludir acuerdos o incumplirlos” y dice que “la paz total se está convirtiendo en incertidumbre total”.
“Invitamos a toda la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas y las dinámicas humanitarias que hoy demandan las comunidades y el país. Y sobre todo, tomar decisiones sustantivas sobre su compromiso con la paz.“, finaliza el comunicado.
Hace unos días, García también acusó sin pruebas a Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y a Rodrigo Londoño, último comandante de las ex FARC y presidente de Comunes, en tener contratos de desminado con el Gobierno. Sobre Comunes dijo que lo hizo en “colaboración con bandas paramilitares del Chocó”.
Aunque García no lo mencionó, Sus acusaciones están relacionadas con tareas de desminado humanitario.o que se han adelantado en Nariño con Plebeyos del surun antiguo frente del ELN que se escindió de esa guerrilla el 7 de mayo. Desde entonces, esa estructura ha sido tratada por el Gobierno como una organización distinta al ELN.
¿Qué se firmó en el acuerdo de participación con el ELN?
Luego de 18 meses de haber iniciado formalmente los diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el primer punto de la agenda de negociación: el Acuerdo de participación de la sociedad civil en la consolidación de la paz.. Este no es sólo el mayor logro del actual proceso, sino también el avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios gobiernos con este grupo guerrillero.
El documento de 10 páginas que fue firmado en Caracas se divide en nueve puntos, y propone cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura.
En el tema político contempla nueve iniciativas, entre ellas, la creación de un “democracia directa y redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reforma a la doctrina de seguridad y al accionar de la Fuerza Pública, una reforma electoral, transformaciones del sistema de justicia y el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo, clanes políticos y grupos criminales y narcotraficantes.
En cuanto al modelo económico, este punto ha generado controversia desde que fue incluido en el agenda de los diálogos durante el segundo ciclo en marzo de 2023. En ese documento, que fue firmado en México, se decía que se examinaría el modelo económico. En su momento, esto representó un cambio radical respecto a lo que fueron las negociaciones con las ex FARC en La Habana.en lo que para el Estado colombiano esa era una línea roja: no negociar el modelo económico.
Este punto incluye también otros puntos que han movido la discusión, como la revisión de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y el modelo extractivista y la transición energética en todas las escalas. Ambas propuestas están alineadas con las apuestas del presidente y con la Demandas globales para reducir el impacto del cambio climático.
En cuanto al tema ambiental, hay temas que generan mayor consenso como la necesidad de frenar la contaminación ambiental y la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazúel primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para garantizar la protección ambiental y que reconoce a los líderes y defensores ambientales y su necesidad de seguridad.
El documento sólo enumera las propuestas, pero, por ahora, no las desarrolla. Varias de estas iniciativas también están contenidas en las reformas sociales del Gobierno o en proyectos que sus ministerios han presentado. Pero para los expertos, la vía para lograr esos cambios debe ser el Congreso y no una mesa de negociación con un grupo armado.
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