La semana estuvo marcada por la prisión preventiva del intendente de Recoleta Daniel Jadue por los delitos que también se le imputan como titular de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Desde el Partido Comunista han dado apoyo al alcalde y desde el Gobierno han llamado a respetar las instituciones y han negado la siguiente tesis del PC: Jadue es víctima de persecución política.
Estas definiciones han generado distanciamiento entre el PC y el Gobierno. Sin embargo, las relaciones no parecen tensas, ya que los responsables de las tiendas han optado por no intensificar la polémica. El Gobierno, en cambio, no ha escatimado en dejar clara su línea a sus ministros. Esto es para respetar las instituciones e incluso descartar la posibilidad de que el juicio contra Jadue se trate de guerra legal, Es decir, el sistema judicial se utiliza estratégicamente para dañar o debilitar a un oponente.
En entrevista con La Tercera, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, insistió en que esa idea está descartada: “Creo que tenemos que sacar esa idea de guerra judicial o de guerra legal”. Incluso, explicó que “si uno quisiera tomar los estándares metodológicos para ese fin, este es un caso que no aplica. Aquí no hay adversarios políticos usando una investigación criminal, aquí hay una investigación que inició el Ministerio Público, que ha tardado, que uno puede tener acuerdos o desacuerdos al respecto, pero llamarlo guerra judicial está bastante lejos de lo que, por lo tanto menos en el marco teórico, se entiende como lawfare”.
Al ser consultado sobre la presión que estaría ejerciendo el PC sobre el Poder Judicial, Cordero advirtió que la práctica “se ha vuelto habitual, y lo digo no sólo para este caso, de inhabilitar a las instituciones cuando deciden de manera distinta a lo que se pretende”. En política.”
Con esto, el ministro lanzó una advertencia: “La política tiene que extremar el cuidado de no transformar al Poder Judicial o al Ministerio Público en actores políticos. No es razonable que la política esté judicializada ni que jueces o fiscales sean actores políticos. Pero para que eso no suceda, la política no debe especular ni distorsionar las intervenciones de jueces y fiscales”.
Ahora, sobre el debate sobre la proporcionalidad de la medida cautelar sobre el intendente de Recoleta, reconoció que “cada uno puede tener la opinión que quiera” y que esta discusión es parte de una legítima decepción. Sin embargo, “calificarlo de persecución política o parcialidad política me parece completamente inapropiado en un sistema democrático, independientemente de la autoridad que lo pronuncie”, afirmó el ministro.
El Colegio de Magistrados anunció que las medidas adoptadas por el PC debilitan las instituciones, pero Cordero se niega a creerlo, “porque la única manera de debilitar es si esto tiene consecuencias. Una de las razones por las que reconocemos la independencia del Poder Judicial es precisamente para que no se sienta intimidado”.
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