Caza
El 31 de mayo, en la clausura de las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Córdoba, el Gobernador Erasmo Zuleta Bechara Anunció que había denunciado ante la Fiscalía actos de corrupción administrativa al interior de la Secretaría Departamental de Educación.
El dirigente seccional aseguró que, en unos días, a través de un comunicado, dará a conocer los detalles de hechos irregulares con las nóminas docentes. Y ese comunicado fue publicado este martes 4 de junio.
El documento dice que El Gobierno de Córdoba presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra personas indeterminadas.tras hallazgos que indican que, al parecer, los recursos de la Secretaría Departamental de Educación estaban siendo utilizados de manera indebida.
Se presume que el o los responsables estarían utilizando las cédulas de ciudadanía de ciudadanos desprevenidos para registrarlos como docentes sin serlo y hacerlos pasar por miembros de la Fondo Nacional de Beneficios Sociales de los Docentespara obtener dinero para salarios y beneficios sociales.
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Esta situación irregular fue conocida por una persona que declaró “haber sido engañada por un desconocido que se le acercó en la calle y le ofreció un subsidio de 200 mil pesos, para lo cual le entregó su cédula de ciudadanía y abrió una cuenta bancaria”. Posteriormente, esta persona supo por la EPS que estaba afiliado al magisterio, a pesar de no ser docente.
La investigación realizada indica que se realizaron varios pagos a la cuenta bancaria que esta persona creó al ser engañada, entre ellos: salario de vacaciones, aguinaldo, bono de vacaciones docente y salario base. Estos recursos públicos cayeron en manos inescrupulosas entre octubre de 2023 y abril de 2024.
“Se presume que una o varias personas indeterminadas, con el documento de identidad y cuenta bancaria de las víctimas, registran a las personas en el Fondo Nacional de Beneficios Sociales del Magisterio, haciéndolas pasar por docentes que cubren vacantes temporales. Estos recursos del Gobierno de Córdoba están destinados al pago de nómina y otros beneficios de los docentes del sector público, quienes se encuentran debidamente registrados y efectivamente prestan sus servicios en las diferentes instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento”, se lee en el comunicado.
Una investigación preliminar
Teniendo en cuenta la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno de Córdoba solicitó iniciar una investigación previa por la presunta comisión de los delitos de malversación por apropiación y fraude procesal u otra conducta punible que se establezca en la investigación.
El Gobierno de Córdoba no reveló las identidades de los funcionarios involucrados en los presuntos actos de corrupción ni el monto de los recursos comprometidos. En la declaración, La entidad tampoco revela si las personas involucradas fueron separadas de sus cargos. ni si recibieron sanciones disciplinarias o de control interno.
El Fiscalía General Ya tiene en su poder pruebas que guían una línea de investigación que en unos días identificará a los presuntos responsables.
