¿Qué es la declaración de Cartagena?
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados es un instrumento técnico, jurídico, político y estratégico de cooperación y responsabilidad compartida entre los países de América Latina y el Caribe. Su adopción amplió el concepto de refugiado estipulado en el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 al incluir a “personas afectadas por violencia generalizada, agresiones extranjeras, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras situaciones que perturben el orden público”, como se lee más adelante. el sitio web de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El Coloquio sobre Protección Internacional de Refugiados en Centroamérica, México y Panamá –integrado por delegados gubernamentales de diez países de la región– adoptó la declaración el 22 de noviembre de 1984 en Cartagena de Indias, Colombia. La declaración es un modelo de cooperación regional para desarrollar soluciones y fortalecer el sistema internacional de protección para refugiados, desplazados forzosos y apátridas. A partir de 2004 se estableció la creación de planes de acción comunes decenales.
Cartagena “es un instrumento muy importante porque permite a los países cooperar regionalmente para abordar el crecimiento de la tendencia migratoria en nuestra región”, afirmó Luiz Fernando Gudinho, portavoz de ACNUR para las Américas, en entrevista con DW.
“El Proceso de Cartagena ha permitido a la región avanzar en la recepción y protección humanitaria, a través del desarrollo de soluciones comunes y coordinadas para abordar los desafíos migratorios, en materias como la identidad jurídica”, dijo a DW Luana Medeiros, directora del Departamento de Derechos Humanos. . Migraciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Ese país ha liderado el proceso de Cartagena +30, entre 2014 y 2024, una década que “impuso desafíos muy grandes para los países de América Latina y el Caribe” que atraviesan una crisis migratoria “porque “muchas personas se movilizaron en la región en en un espacio de tiempo muy corto”, añadió Medeiros.
Etapas del Proceso de Cartagena
El Proceso de Cartagena creó una tradición entre los países de la región de elaborar planes estratégicos comunes de diez años para abordar los problemas del desarraigo en la región.
Entre 1994 y 2004 se adoptó Cartagena +10, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, que analizó la importancia de la protección y la necesidad de abordar el creciente desplazamiento interno. Cartagena +20, liderada por México, innovó al introducir tres programas pioneros en materia de protección y soluciones duraderas: Ciudades Solidarias, Reasentamiento Solidario y Fronteras Solidarias.
Cartagena +30, el Plan de Acción de Brasil, estableció una hoja de ruta para la década de 2014 a 2024, que puso en práctica los principios de “solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida”, integrando por primera vez a los países del Caribe como miembros del proceso. También “incluyó la apatridia como una nueva área de protección junto con asilo y soluciones de calidad, estableciendo estrategias para el Caribe y el Norte de Centroamérica, dados los complejos escenarios de movilidad humana y apatridia que viven”.
Operación Bienvenida: un ejemplo de buenas prácticas en la región
El gobierno de Brasil, desde su liderazgo del Plan de Acción Cartagena +30, y como respuesta humanitaria a la crisis migratoria venezolana, integró la estrategia de acogida Operación Acogida (Operaçao Acolhida), que, con el apoyo de la sociedad civil, se centra en tres pilares. La primera es la Gestión de Fronteras, que, según Medeiros, “se ha centrado en la protección, la organización de la frontera para que las personas lleguen a Brasil de forma segura, sean identificadas y reciban la información necesaria para elegir y conocer las opciones de inmigración en el país”. y, además, atención médica básica e inmunización.
El segundo pilar es el Alojamiento en ciudades fronterizas, que incluye alimentación, educación, salud y protección social. Incluye Reubicación Voluntaria a otras áreas de Brasil donde los migrantes tienen mayores oportunidades económicas y de integración.
Medeiros destaca la deslocalización laboral como un intento del gobierno brasileño de concienciar y movilizar a las grandes empresas “para que vean el potencial y las ventajas de emplear a la población migrante”. Según Luana Medeiros, actualmente unos 39.000 migrantes han sido reubicados por inserción en el mercado laboral formal, de los más de 130.000 migrantes y refugiados recibidos por Brasil en los últimos seis años. “Es un logro muy grande para el gobierno y para la Declaración de Cartagena”, señala, un caso de buenas prácticas. “La inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral es definitivamente un paso importante, y el apoyo y la participación del sector privado son claves para que esta integración sea más amplia y efectiva”, afirmó Gudinho.
Cartagena +40, en Santiago de Chile
En Santiago de Chile, Cartagena +40 -Declaración y Plan de Acción de Chile- se adoptará en diciembre de 2024. La adopción del nuevo plan estratégico decenal implica la coordinación de tres consultas regionales, en las que “uno de los ejes de discusión es la integración de refugiados y migrantes, y soluciones para las personas que ya se encuentran en los países de destino, en los países de origen y también en los países de tránsito”, explicó a DW Tomás Pascual Ricke, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Las consultas están enfocadas en la Protección y asistencia a personas en situación de movilidad humana y apátridas, la discusión de estrategias integrales para soluciones solidarias, y la relevancia de la participación del sector privado, “considerando las buenas prácticas que recogimos en la consultas de México y Brasil, donde la empresa privada ha jugado un papel fundamental, en una dimensión de protección y sostenibilidad de la permanencia de las personas en el contexto de desplazamiento por empleabilidad”, indicó Pascual Ricke.
La tercera consulta se llevará a cabo en Bogotá, del 18 al 20 de junio de 2024, y se centrará en la problemática del desplazamiento forzado por desastres. Pascual Ricke considera un componente muy importante “la idea de abordar los desafíos que plantean los desplazamientos forzados por desastres naturales debido al cambio climático” del Plan de Acción Cartagena +40.
Las consultas tienen como objetivo reflexionar sobre lo que cada país y otras organizaciones están haciendo en materia de protección internacional, para incluirlos en la nueva hoja de ruta de las negociaciones de Cartagena +40 en Ginebra, con el fin de fortalecer la protección y las soluciones a la ola migratoria en la región. . El Plan de Acción se anunciará en diciembre junto con la Declaración de Santiago.
(cp)
