El Naciones Unidas (ONU) acusó al régimen cubano de cometer graves violaciones al debido proceso contra los presos políticos de 11Jcomo se conocen las masivas protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
seis mandatos Hicieron referencia, a través de una carta enviada a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, a siete violaciones al debido proceso que invalidan todo proceso penal del Más de 1.500 presos políticos en la isla en los últimos tres añosademás de calificar como “arbitrario” y de “desaparición forzada”sus procesos de detención.
- Privación de libertad sin protección judicial: Es realizado por agentes de la policía de investigaciones denominados “Instructores“, “figura ajena al juez de instrucción“, según se indica en la carta de Mandatos, y posteriormente por los fiscales locales por tiempo indefinido, según se indica, “a partir de seis meses, sin más que la aprobación del Procurador General”.
- Falta de abogados independientes, porque todos los abogados están obligados, por Ley, a depender del Ministerio de Justicia. Los Mandatos han sido claros: “La falta de una profesión jurídica independiente en Cuba ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el WGAD de las Naciones Unidas y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas”. En ambos casos fue la ONG Defensores de prisioneros el querellante, con base en el dictamen de 2019 “La Abogacía en Cuba”, de Prisoners Defenders, que fue presentado en las denuncias adoptadas en el CAT en 2022, y mucho antes en el WGAD en los casos 63/2019 y 63/2021.
- Dependencia de fiscales y jueces del poder político: La Ley cubana no deja lugar a dudas, como lo demostró la ONG en la denuncia, y así los Mandatos la han adoptado y referenciado en su carta.
- Peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación: Respecto al primero, por Ley no es posible participar como perito en ningún juicio contra el Estado sin que “la autoridad competente” lo solicite. La opinión de los expertos siempre está del lado, pero de un lado, del régimen cubano. En cuanto a los testigos, Prisoners Defenders ha revisado cientos de sentencias. En todos ellos, los testigos acusadores eran todos miembros del partido o de la seguridad del Estado, con la misma casuística. Ni la Ley cubana ni la práctica de los jueces, en causas penales cuya acusación es el Estado, dan opciones para llamar a declarar y evaluar a los testigos de los imputados, quienes incluso son detenidos antes de llegar a la puerta del tribunal. .
- Penalización del ejercicio de los derechos fundamentales: Naciones Unidas ha sido explícita al calificar las manifestaciones en Cuba como “pacífico”, por lo que todos los crímenes que fueron fabricados también han sido descalificados en numerosas ocasiones por Naciones Unidas, la CIDH y diversas ONG internacionales, como Prisoners Defenders.
- Delitos insuficientes, manipulables por su falta de especificidad: Los Mandatos de Derechos Humanos llamaron la atención por el hecho de que “la mayoría de las personas detenidas han sido imputadas por el delito de Desorden Público y no ha habido testigos privados, acusaciones privadas ni víctimas privadas que no sean funcionarios o miembros del Gobierno. ” Si son desórdenes “públicos”, debe haber muchos afectados entre el “público”.
- Tribunales militares utilizados contra civiles por los que han sido encarcelados más de 100 manifestantes, y procedimientos sumarios que vulneran toda igualdad de armas en el proceso penal, incluso en su mera definición legal, donde ni siquiera existe un texto con la sentencia, deliberaciones y conclusiones, pues es meramente verbal, y todo ello sin la presencia obligatoria, por Ley, ni de abogado ni de fiscal. El juez actúa bajo el informe y solicitud policial, y el proceso concluye con una condena en cuestión de horas.
La ONG indicó que la carta acusatoria AL CUB 2/2024 firmado por los mandatos de las Naciones Unidas fue preparado como “respuesta directa e inequívoca” a la denuncia de Defensores de prisioneros de violaciones al debido proceso en Cuba que les entregó la ONG en julio de 2023, con base en la Ley cubana, y que incluía un dictamen sobre la imposibilidad por Ley de registrar cualquier asociación independiente en Cuba.
Los seis mandatos establecían que “la información recibida es lo suficientemente confiable como para indicar que hay un asunto que merece atención inmediata” y que “el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias también podría remitir un caso a través de su procedimiento ordinario”, añadió la organización.
Javier Larrondopresidente de Prisoners Defenders, afirmó en un audio enviado a Infobae su “profundo agradecimiento a los seis mandatos” y resaltado “el compromiso de la ONG de seguir trabajando erradicar el marco procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba”.
“La advertencia al régimen cubano de que Naciones Unidas emitirá más condenas públicas sucesivas a partir de este trabajo a favor de los presos políticos en Cuba y la falta total del debido proceso, alimenta la esperanza de la liberación de todos los presos políticos en Cuba”, indicó.
Finalmente, aunque le dieron 60 días para hacer su defensa, el régimen cubano no respondió dentro del plazo establecido.
