Chile participó en la segunda parte de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana), celebradas durante las últimas semanas de mayo, en Brasil.
A inicios de 2023, Chile y Colombia presentaron una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la emergencia climática.
El 24 de mayo, en Brasilia, Chile estuvo representado por el embajador de nuestro país en Brasil, Sebastián Depolo, y el jefe del departamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Cancillería, Oliver López. La última parte de las audiencias, celebrada entre el 27 y 29 de mayo en Manaos, recapituló los principales consensos alcanzados en las audiencias entre sus distintos participantes, incluida la importancia de que la Corte Interamericana considere la mejor ciencia disponible, teniendo en cuenta el buen Estado. prácticas, abordar el acceso a la justicia, considerar la dimensión de género de la crisis, tomar en cuenta la situación de los desplazados por desastres ante la crisis, entre otros asuntos.
En estas últimas audiencias, la comitiva, además del embajador Depolo, estuvo representada por la jefa del departamento del Sistema Universal de Derechos Humanos, Catalina Fernández.
A finales de abril de 2024, en Bridgetown, Barbados, la solicitud de Chile y Colombia completó su fase escrita, que contó con intervenciones de Estados, expertos científicos, académicos, miembros de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas, lo que representó un hito. histórico en participación con más de 250 presentaciones. En aquella ocasión, Chile enfatizó el papel que puede jugar la Corte Interamericana para esclarecer las obligaciones de los distintos Estados frente a esta amenaza.
Se espera que la Corte Interamericana tarde algunos meses en emitir su opinión consultiva. Si bien no es directamente obligatorio, ayudará a los Estados a determinar y concretar sus obligaciones ante la emergencia climática, desde la perspectiva de los derechos humanos.
