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El término confinamiento significa estar atrapado, sin salida, aislado, separado, abandonado, y quienes lo padecen pueden experimentar miedo, ansiedad, terror, malestar, frustración e impotencia. Pues esto es lo que están viviendo más de 12 comunidades campesinas e indígenas en el municipio de Bojayá, Chocó.
No sólo en el Cauca, sino en general el territorio nacional vive una situación crítica de orden público y una escalada de la guerra. Este es el caso denunciado en las últimas horas por el Defensoría del Pueblo sobre el confinamiento en Bojayá, impuesto por paramilitares.
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“Son 3.347 personas, de 830 familias, las que se encuentran confinadas; la mayoría de ellos pertenecen al pueblo Emberá. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Municipalidad, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, en misión de verificación realizada en el territorio”afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Según la organización, las familias, que forman parte de comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaaga, Playa Blanca y Mojaudóse encuentran presos en sus propios territorios por instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores, acoso sexual contra mujeres, amenazas a líderes sociales y docentes.
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Asimismo, los pueblos indígenas son blanco de torturas por su supuesta pertenencia a distintos grupos armados ilegales. Los responsables yEstas acciones violentas serían paramilitares del Clan del Golfo.
“El control territorial y social que ejercen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC-Clan del Golfo, va en aumento. Además, el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 de 2021”, agregó el Defensor.
Lo grave, según la entidad, es que las comunidades tampoco tienen la posibilidad de abandonar el territorio para preservar sus vidas. Los delincuentes evitan esto instalando cuatro retenes ilegales, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva.
Allí, además de intimidar a la población civil, los paramilitares roban las pertenencias de sus víctimas y Les quitan la ayuda humanitaria y los recursos de compensación que les corresponden por ser víctimas del conflicto.
“Las mujeres son registradas y despojadas de sus pertenencias íntimas. Nos dijeron que quieren suicidarse, que ya no pueden soportar la degradación a la que están siendo sometidos. Si hablan de lo sucedido, sus vidas corren peligro. Ellos tienen miedo. Me pregunto dónde están las instituciones, dónde están las fuerzas de seguridad del Estado. Tienen que actuar, respetar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, afirma el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo concluye instando al Gobierno a abordar la grave situación de estosLo hace a través de una de las más de 23 alertas tempranas que ya ha enviado al ejecutivo por una crisis de orden público.
Lo que sucede en el Chocó sucede en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Guaviare y otros territorios del país con presencia de organizaciones al margen de la ley y su reciente expansión.
