Los efectivos recibieron información de unidades de inteligencia que advirtieron que la estructura Jacobo Arenas se desplazaba por la costa del Pacífico, en la zona rural del municipio de Guapi. Luego de la alerta, acudieron al lugar para verificar los datos y capturarlos, ya que estaban acusados de varios delitos.
En el informe conocido por SEMANA Se les acusa de realizar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, como homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento, narcotráfico, extorsión y explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros fenómenos delictivos.
En el momento en que los combatientes advirtieron la presencia del Ejército Nacional reaccionaron violentamente. Esto informó la institución: “Los disidentes atacan a las tropas y Se produce el combate que resultó en la muerte en el transcurso de operaciones militares de dos miembros de esa estructura”.
En medio del enfrentamiento fueron incautados dos fusiles, dos granadas de mortero calibre 60 milímetros, detonadores eléctricos, explosivos, equipos de comunicaciones, material de intendencia y abundante munición de diferentes calibres con la que pretendían ganar la batalla a las Fuerzas Militares.
A juicio de las autoridades, este resultado operativo afectaría significativamente el subsistema armado de esta estructura del Estado Mayor Central y, de la misma manera, debilitaría al poderoso bloque Jacobo Arenas Occidental, que cuenta con más de 1.000 enfilados para aterrorizar a la población. sur de colombia.
“En la zona de los hechos, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó reforzar el dispositivo de seguridad para continuar avanzando en la búsqueda de esta comisión criminal. Asimismo, estuvo disponible el número gratuito nacional 107 contra el terrorismo, donde se puede denunciar”, afirmó la institución.
Las balas se han escuchado en gran parte de la región desde que el presidente Gustavo Petro levantó el alto el fuego que acordó con el grupo ilegal para avanzar en la ‘paz total’. Los efectos se han sentido en los departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Cauca con homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y reclutamientos.
