La Fiscalía General abrió una investigación contra funcionarios adscritos a la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el departamento de magdalenael ente de control iniciará la investigación por presunto enrutamiento de contratos que superaron los $42.000 millones de pesos.
Según la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por los medios de comunicación, la dirección regional del instituto habría ignorado las instrucciones dadas por la Dirección General del ICBF contratar servicios de educación básica infantil Hogares comunitarios de Bienestar Social, que establece que dichos contratos deberán realizarse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
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Los funcionarios y directivos del ICBF regional magdalenahabría otorgado un contrato por más de $42,290,000,000 pesosa las mismas fundaciones que llevan tiempo operando este servicio.
El oficina del fiscal General de la Nación, cuestiona la ICBF por adjudicar contratos millonarios a la misma fundación, existiendo grupos étnicos en la región que cumplen con todos los requisitos para postular a dichos contratos.
El organismo de control expresó a través de un comunicado que, “el asociaciones de etnias en el magdalenaestuvieran debidamente legalizadas para contratar, estas entidades son Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres de familia que utilizan el servicio o madres comunitarias”.
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Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría General de la República se encuentran el listado de contratos entregados directamente por la dirección regional, así como un informe que determine los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la actual administración.
La Fiscalía General Nacióna través de su misión disciplinaria, trabaja para garantizar la transparencia de los servidores públicos en la gestión de los recursos públicos. Estado.
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