Funcionarios del Ministerio Público y de la PDI incautaron equipos. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, encabezó el allanamiento.
Como parte del lado de Procultura en el caso Pactos, un equipo liderado por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, realizó hoy diligencias intrusivas en el Gobierno Regional del Biobío, como parte de una investigación a nivel nacional por posible defraudación fiscal y trata de personas. de influencias. Paralelamente, también se llevaron a cabo diligencias en otras zonas del país.
En marzo se realizaron allanamientos en oficinas del Gobierno Regional de Ñuble en Chillán, en oficinas privadas de empresas que tenían relación con Procultura, tanto en Chillán como en Concepción y posteriormente, también en el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
Luego de las diligencias realizadas hoy, el Fiscal Regional explicó que “se ejecutaron órdenes judiciales dictadas por el Juzgado de Garantía, para incautar determinadas pruebas que, a nuestro juicio, constituyen piezas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos que, por orden del Fiscal Nacional, han tenido lugar”. me ha sido confiado. investigar”. El fiscal penal agregó que “estábamos reuniendo pruebas que son necesarias, insisto, para establecer la ocurrencia de los hechos”.
Sobre lo que se investiga, Carlos Palma dijo que “la denuncia concreta tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y posibles delitos de estafa en el marco de la causa acuerdos”.
El Fiscal aclaró que las diligencias no sólo se realizaron en Concepción sino también en otras zonas del país. “Hoy realizamos diligencias en Pucón (Región de la Araucanía), Cabrero y Concepción. Estamos avanzando a paso firme en el proceso”, concluyó Carlos Palma.
El equipo de investigación que viajó a la Región del Biobío está integrado por funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Aysén, un Grupo de Trabajo con dedicación exclusiva de la Brigada Investigadora Anticorrupción y la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana y el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, entre otros.
