Buenos Aires, 23 abr (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, celebró este martes la decisión del Ministerio de Justicia de frenar y auditar las indemnizaciones recibidas por las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar (1976- 1983). ), ante posibles irregularidades.
“Lo dije en campaña, hay que revisar las compensaciones millonarias que se dieron en nombre de los derechos humanos. Fiscalizar el ‘trabajo’ (estafa) de derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha luchado contra el país y sus instituciones”, escribió la vicepresidenta en sus redes sociales.
Según un comunicado compartido este lunes por el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encontraron “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, por lo que realizarán una “auditoría integral” de todos protecciones bajo las leyes de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado.
El documento tomó como ejemplo el caso de Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado en 2023 por asociación ilícita, fabricación de pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reparación, así como falso testimonio, estafa y defraudación a la administración pública en 62 hechos. . .
La causa judicial se inició en agosto de 2021, durante la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que recabó información sobre estas maniobras fraudulentas, como querellante.
“Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente Javier Milei”, agregó la vicepresidenta, en línea con sus discursos cuando aún era candidata por el partido La Libertad Avanza.
Según Cúneo Libarona, la estafa habría generado 100 casos apócrifos, que reclamaban pagos de 150.000 mil dólares en cada presentación, unos 15 millones de dólares en total.
La compensación económica estuvo incluida en leyes promulgadas entre 1991 y 2013, y se pagó una vez que la Justicia argentina verificó los daños sufridos por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura.
Tanto Milei como Villarruel, en campaña y ya en el Gobierno, negaron en múltiples ocasiones la existencia de 30.000 desaparecidos durante la época de la Junta Militar Argentina.
El comunicado difundido por el Ministerio de Justicia “articulará medidas para no pagar las sumas económicas de las prestaciones a quienes no correspondan” y perseguirá “la devolución de las sumas pagadas por fraude y que hayan sido recaudadas indebidamente para que sean volvió a las arcas. del Estado.” EFE
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