Estamos atravesando un momento de conmoción y agitación sin precedentes. Día a día llegan más noticias de confusión y desesperanza. Pese a ello, seguimos dedicando nuestra atención y esfuerzos a analizar los problemas de explotación y abuso que afectan a niñas y niños en nuestro país.
Después de los escándalos de explotación sexual contra menores volvemos a la vida cotidiana y dejamos atrás los acontecimientos que alguna vez nos alarmaron. Asimismo, dejamos pasar el momento para comprender, como ciudadanos e incluso funcionarios públicos, conceptos claves en la protección de los menores.
Sigue existiendo una tendencia a deshumanizar a las víctimas de la explotación sexual, a través de una percepción distorsionada de la humanidad de los niños, lo que contribuye a la falta de medidas para protegerlos.
A menudo, las personas no reconocen que la explotación sexual de niños y adolescentes viola directamente su derecho fundamental a ser tratados con dignidad y respeto. Esta falta de comprensión puede conducir a la tolerancia o la indiferencia hacia esta grave violación de sus derechos humanos. Además, existe en la sociedad la percepción errónea de que las víctimas de explotación sexual eligen voluntariamente esta situación. Esta idea culpa a las víctimas y minimiza la responsabilidad de los explotadores, lo que dificulta identificar y prevenir eficazmente estos delitos.
La falta de claridad sobre quién tiene la verdadera responsabilidad en los casos de explotación sexual infantil contribuye a la impunidad de los explotadores. Se culpa a las víctimas en lugar de a los agresores, lo que profundiza los ciclos de abuso y, en ocasiones, impide la protección y el apoyo necesarios para los niños. Lamentablemente, en las rutas de atención y protección, es común identificar una falta de claridad conceptual entre los funcionarios públicos que deben intervenir y garantizar los derechos fundamentales.
La terminología y los conceptos que utilizamos cuando hablamos de protección infantil no sólo son importantes por su precisión técnica, sino también por su impacto en la conciencia ciudadana y el reconocimiento del papel de cada individuo en la protección de niños y adolescentes. .
Es esencial que los ciudadanos comprendan la gravedad y complejidad de la explotación y el abuso sexual, así como la responsabilidad colectiva que tenemos en su prevención y erradicación. Asignar la responsabilidad de abordar, abordar y prevenir situaciones alarmantes contra los niños únicamente en el Estado es a la vez una disonancia y una simplificación, que realmente no conduce a encontrar soluciones efectivas.
Al utilizar términos apropiados y claros, como “explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, en lugar de expresiones que minimicen la gravedad de estos delitos, contribuimos a generar una conciencia pública más informada y comprometida. Expresiones comúnmente utilizadas como “prostitución infantil” o “turismo sexual infantil” reflejan cómo se asigna responsabilidad a niñas y niños, mientras al mismo tiempo se socava su dignidad y sus derechos.
Los conceptos adecuados nos permiten comprender la verdadera naturaleza del problema y nos motivan a tomar acciones concretas para proteger a los menores, tanto desde el rol ciudadano como desde las instituciones públicas, los medios de comunicación y, en general, las organizaciones de todos. los sectores en el país.
Desde mi experiencia y reflexión, considero relevante educar a la sociedad sobre los factores de riesgo, señales de alerta y medidas preventivas que se pueden adoptar a nivel individual y comunitario. Esto implica acciones pedagógicas en temas relacionados con la protección infantil, a través de una cultura de respeto, responsabilidad y solidaridad hacia las niñas, niños y adolescentes.
*Exdirector del ICBF
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