20 de abril de 2024 – 00:44
Por un plazo de 30 días se nombró una comisión normalizadora para el Club Social 25 de Agosto. La medida fue resuelta por la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, luego de una presentación realizada por un trabajador del Bar Caravati, que funciona en las instalaciones del Club Social 25 de Agosto. A través de ello, la organización tomó conocimiento del presunto incumplimiento del estatuto del Club, la Ley 3816 de Inspección General de Personas Jurídicas, el Código Civil y Comercial, por juego clandestino y situaciones de hostigamiento y hostigamiento.
Además, se consideró que la División de Asociaciones y Fundaciones Civiles había manifestado que la entidad Club Social 25 de Agosto se encontraría en situación irregular, producto de no haber subsanado las observaciones formuladas al acta de la asamblea celebrada en 2022.
Se advirtió que ante un presunto atentado contra el orden público, más aún ante un caso de violencia de género contra las trabajadoras del Colegio de Abogados Caravati, se deberá realizar el cumplimiento, ya sea por esta Dirección u otro órgano administrativo o judicial, de las disposiciones de la Ley. 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales.
Ante las presentaciones realizadas, la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas consideró oportuno designar una comisión normalizadora como sanción al actual directorio por no cumplir fielmente con el objeto de la institución de acuerdo con el articulado de su estatuto. El objetivo de esta intervención es ajustar plenamente su actuación a las instrucciones de este organismo, so pena de dejar sin efecto la designación, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan corresponder por incumplimiento. Esta comisión normalizadora, que está integrada por Luis Xavier Alfonso Batalla y Luciana María Luna Aguirre, fue designada por un período de 30 días. En este marco, podrán realizarse todos los actos necesarios para la normalización de la entidad, estando facultada para solicitar y exigir los libros y bienes y toda la documentación relativa a la asociación, entre otras cuestiones.
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de su designación, informarán por escrito a este órgano de las medidas adoptadas tanto en materia de existencia como de recuperación de los libros de la entidad. En caso de pérdida o destrucción solicitarán la firma de los libros faltantes.
Conflicto
A mediados del año pasado comenzó el conflicto de intereses en el marco de la renovación del contrato de alquiler. A finales de agosto pasado, Cano denunció una maniobra maliciosa del presidente del Club, Arturo Navarro. También había solicitado la intervención de organismos estatales para resolver el conflicto y la intervención del resto de los “socios dignos”. Además, negó que la situación sea un problema económico para la empresa. “Debería intervenir más de un organismo del Estado, porque hay un Estado que se esfuerza cada día en generar empleos privados y nos encontramos con el presidente de un club, como Arturo Navarro, un club que tiene fines sociales y está atacando 35 fuentes directas de trabajo, ”, afirmó Canó.
Navarro acudió al cruce del empresario y aseguró que Cano no tenía intención de renovar el contrato. Agregó que la decisión de rescindir el contrato se tomó en una asamblea de accionistas y garantizó que los empleados no perderán su fuente de trabajo ya que la condición para el nuevo inquilino será que absorba a la gente.
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