El fondo Burford Capital pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska que autorizara la entrega a su favor del 51% de las acciones de YPF propiedad del Estado argentino desde su expropiación en 2012. El pedido, conocido este viernes, se basa en el incumplimiento de una sentencia que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares.
El fondo ya lo había solicitado hace un día conservar el paquete compartido, en orden secreta. Luego de eso, Argentina exigió que se hiciera público, lo que fue aceptado por Preska y la noticia trascendió esta tarde.
En concreto, Burford quiere a su nombre todas las acciones que el Estado nacional tiene en YPF desde 2012cuando el Gobierno de Cristina Kirchner avanzaba con el proceso de expropiación de la empresa.
Además, el fondo adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa propiedad de la familia Eskenazi, a la que quedaría asociada el 30% de la recaudación si la Justicia decide fallar a su favor.
Juicio a YPF: el origen de la demanda de Burford
La demanda, que lleva más de 9 años pendiente y se encuentra en proceso de apelación, llegó luego de que el juez Preska fracasará contra el país, declararlo culpable de expropiar injustamente la petrolera y Le condenó a pagar más de 16.000 millones de dólares.
Preocupados por la falta de contacto de las autoridades y alertados por la capacidad de pago del país, informó Infobae, los representantes legales del fondo Decidieron exigir todo el paquete de acciones como compensación.
Sebastián Maril, de Latin Advisors, dijo en entrevista con Noticias Argentinas que el pedido incluía también las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
«En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían utilizarse como garantía para evitar futuros embargos. “Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio”.dijo Maril, entrevistada por la agencia.
El pedido, que ahora será analizado por el juez, tendría una definición en junio. Si falla a favor del demandante y la decisión no se cumple, el país estaría en desacato a ese tribunal estadounidense.
