El Ministerio de Seguridad prorrogó la emergencia en materia penitenciaria por dos años más, a partir de la fecha de vencimiento del plazo previamente establecido. La medida se oficializó mediante la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial. Responde a la persistente crisis del sistema penitenciario federal, que enfrenta hacinamiento, deficiencias de infraestructura y problemas de gestión.
Situación actual del sistema penitenciario
El sistema penitenciario federal de Argentina alberga actualmente a 11.453 personas, superando su capacidad operativa de 11.361 plazas, según la Resolución Ministerial sobre Condiciones de Habitabilidad de junio de 2021. Este exceso coloca al sistema en una situación de sobrecarga que afecta la calidad de vida de las personas privadas de libertad. y genera riesgos para los derechos humanos.
Además, se espera el ingreso de otras 4.265 personas privadas de libertad desde distintos organismos policiales y de seguridad del país, lo que agrava aún más la falta de capacidad del sistema penitenciario.
El 54,88% de las personas alojadas en el sistema penitenciario federal son condenadas, mientras que el 45,10% son procesadas. Estos datos resaltan la urgente necesidad de gestionar eficientemente los procesos judiciales y la situación de las personas privadas de libertad.
Una de las principales razones de la emergencia es la obsolescencia de la infraestructura penitenciaria.
Deficiencias de infraestructura
Una de las principales razones de la emergencia es la obsolescencia de la infraestructura penitenciaria. Procesos judiciales han revelado que las instalaciones se encuentran en condiciones precarias, sin el mantenimiento necesario para mantener su habitabilidad y operatividad en condiciones seguras.
Por ejemplo, muchas unidades penitenciarias federales tienen siglos de antigüedad y requieren adecuación, renovación y modernización para garantizar las condiciones de habitabilidad y los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de los miembros del servicio penitenciario que trabajan en estos centros.
Iniciativas de asistencia bajo vigilancia electrónica
El Programa de Atención a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, implementado como alternativa a la prisión mediante la Resolución N° 1379/2015, ha contribuido a aliviar la presión sobre las cárceles. A la fecha, este programa cuenta con 1,334 personas incorporadas mediante el uso de dispositivos de monitoreo electrónico, a solicitud de la justicia nacional y federal.
Desde la declaratoria de emergencia penitenciaria en 2019, la Dirección de Atención a Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) ha entregado 4.070 dispositivos electrónicos en el marco de 23 convenios de asistencia técnica y financiera con diferentes provincias del país.
El gobierno nacional ha resaltado la importancia de construir nueva infraestructura.
Nuevos desafios
El reciente cambio de gestión de autoridades el 10 de diciembre de 2023 ha demostrado que las circunstancias que motivaron la emergencia en 2019 y 2022 no han mejorado, sino que se han profundizado. La nueva administración señala que, además de la falta de capacidad, el sistema se ve afectado por la falta de infraestructura adecuada y el incumplimiento de importantes acuerdos para la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias.
El gobierno nacional ha resaltado la importancia de la construcción de nueva infraestructura penitenciaria como política pública fundamental para superar la emergencia. Sin embargo, proyectos clave como el Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz han sido suspendidos, lo que ha impedido el aumento de camas carcelarias.
Objetivos de extensión
La extensión de la emergencia busca enfrentar los desafíos actuales preparando propuestas de reformas y políticas públicas que permitan resolver la situación. Además, se pretende realizar un relevamiento de la infraestructura existente para identificar necesidades de construcción, renovación y modernización de los establecimientos penitenciarios.
En línea con estos objetivos, se han aprobado sistemas de gestión de reclusos de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, así como programas para combatir el accionar de miembros de organizaciones criminales alojados en el sistema.
Resolución 254/2024 de El Litoral
