Ubicado en el Valle de Aconcagua, en la Región de Valparaíso, el Parque Andino Juncal es un área protegida privada de 13.796 hectáreas, que pertenece desde 1911 a la familia Kenrick, hoy Comunidad Kenrick Lyon. Gestionado por Catherine Kenrick, el proyecto Parque Andino Juncal cumple con los objetivos de proteger y preservar los ecosistemas naturales, realizar actividad científica y promover el turismo responsable, siempre que sea compatible con su conservación.
Es un lugar de incalculable valor para las comunidades aledañas, que en los últimos meses se han unido, con el apoyo de la familia Kenrick, para defender el parque de lo que consideran la amenaza que representa la intervención de Minera Nutrex SpA. Y es que la empresa estadounidense adquirió 15 concesiones para exploración y explotación minera -cobre y oro- en 8.300 hectáreas del sitio, lo que pone en riesgo la flora, la fauna y los recursos hídricos del Parque Andino Juncal, ubicado en el Valle del Juncal. , en la comuna de Los Andes.
Por ello, la agenda informativa estuvo marcada en las últimas semanas por la resistencia pacífica de diferentes organizaciones, que impidieron el ingreso de Minera SpA, aun cuando llegó con fuerza pública en más de una ocasión. Así fue como resultado de una orden emitida por el Primer Juzgado Civil de Los Andes que lo permitió.
“Tenemos registros de las actividades mineras de Nutrex SpA, ya sean administrativas o de campo, desde aproximadamente el año 2017 en el Valle del Juncal”, afirma. Jorge Morales, portavoz de la Coordinadora de Defensa del Aconcagua. Según el investigador, la primera etapa del denominado Proyecto Caliente consistió en la construcción de plataformas de perforación.
“En ese contexto, el titular del proyecto consultó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, si construía 20 plataformas de perforación, debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o no. El SEA dijo que no era necesario, por lo tanto, sólo debía activar los permisos ambientales sectoriales. Este proyecto finalizó aproximadamente en el año 2020 y la información que tenemos es que no les dio resultados muy positivos. Es decir, no encontraron un mineral muy generoso”, agrega Morales sobre la génesis de esta controversia.
“Sin embargo, como poseen más de 50 propiedades en el Valle de Juncal, decidieron pasar a las siguientes, que se encuentran principalmente dentro de los terrenos del Parque Andino de Juncal. De hecho, más del 70% de estas pertenencias están en glaciares del Parque Andino Juncal”, destaca el activista de la Coordinadora Defensa Aconcagua.
El objetivo de Nutrex SpA en los últimos meses ha sido desplegarse para monumentar varias de estas pertenencias en el interior del Parque Andino Juncal. La monumentación de un bien minero es requisito indispensable, desde el punto de vista administrativo, para cerrar el proceso de debida titularidad o posesión de dicho bien minero. Si no se realiza la acción de monumento, la propiedad minera no queda registrada a su nombre, en este caso, a nombre de Minera Nutrex SpA.
“Si eso se concreta, de ahí en adelante podrán pasar el bulldozer sobre el Parque Andino Juncal, porque serán dueños de la propiedad minera. Por lo tanto, estarían en condiciones de perforar para la introspección minera. Y/o, después, explotar un mineral, que es de donde vino la alerta. Según el Código de Minería y el Código de Aguas, cualquier titular de una propiedad minera, en el ejercicio del desarrollo de actividades asociadas a la minería, podrá hacer uso del agua disponible o encontrada en el lugar, para tal fin. Sin propiedad [de un derecho de aprovechamiento] del agua. No es necesario ser propietario del agua para poder utilizarla”, explica Morales.
Con estos antecedentes sobre la mesa, las organizaciones comenzaron a movilizarse ante la amenaza de un posible uso indiscriminado de un bien común, como es el agua. Pero también abogando por la riqueza en flora y fauna que allí convive.
Y ayer, 16 de abril, fue un día clave, ya que a medianoche venció el plazo para materializar la propiedad minera, luego de 15 meses desde la presentación de la solicitud de concesión. “Cuando esto suceda, la empresa tendrá que reiniciar el proceso, pero eso llevará tiempo, al menos un año. Es una primera batalla ganada”, afirma el portavoz de la Coordinadora Defensa Aconcagua.
