(ADN). – Una vez conocido el proyecto de Gustavo San Román y Facundo López, (JSRN), que establece el pago de un nuevo impuesto en el sector inmobiliario por obras realizadas por el Estado y que incrementa el valor de los inmuebles beneficiados, diferentes reacciones de rechazo se generaron. Esta polémica iniciativa, que llevó a una aclaración por parte de sus autores, de que no se trata de “un nuevo impuesto, sino de una recuperación por la realización de obras”.
Hay más dudas que certezas sobre el cobro de este aporte que pagarán los vecinos cuando la provincia, por ejemplo, realice obras de alcantarillado, lo que incrementa el valor inmobiliario de la vivienda beneficiada.
Si bien la recaudación puede ser legal y es comprensible que el gobierno busque recursos en el actual marco nacional, no es menos cierto que recae sobre el contribuyente agobiado por impuestos, tasas, tasas y la situación económica general.
Al menos todo esto no fue debidamente aclarado a la población, aunque Gustavo San Román ve malas intenciones en su interpretación, lo que lo llevó a decir que “hubo una mala interpretación (casual o intencionada) respecto a que se aprobó un nuevo impuesto”. va a ser establecido.” . Esto no es así. No es un impuesto ni busca recaudar, porque la realidad es que esto irá a un fondo específico para poder lograr más obras públicas en el tiempo y además se lograría más equidad entre los beneficiarios de las obras. Además, no habrá ningún trabajo compulsivo porque en todos se propone el registro de oposición”.
“Esta iniciativa busca equidad en el pago de obras públicas y beneficia a más vecinos con los mismos recursos. No es un impuesto, sino un cobro por la realización de obras”, indicó y aclaró que “nadie va a tener que pagar nada obligatorio, ni es un pago permanente. “Esto es sólo para mejorar”.
San Román volvió a aclarar que en el proyecto de ley “solo se cobra a los beneficiarios de la obra; se propone aprobar un marco jurídico general que permita al Poder Ejecutivo analizar caso por caso el origen de su aplicación, según el tipo de obra pública y la localidad, pudiendo variar los porcentajes de recuperación, el alcance del área de beneficio, proponer esquemas de financiamiento y diferentes modalidades de pago o exenciones.
