El ex juez de la sala que condenó a los ex comandantes, Ricardo Gil Lavedra, dijo que el Colegio Público de Abogados de CABA tiene que tener “una voz institucional más poderosa” defender los derechos de los abogados ante la Justicia, el Gobierno y el Congreso.
El exdiputado nacional de la UCR se postula a la reelección, luego de dos años en el cargo, en las elecciones del martes 16 de este mes en el que pueden votar unos 70 mil abogados porteños. Esta es una elección clave porque este colegio proporciona un representante para el Consejo Judicial Nacional.
Gil Lavedra tiene entre sus seguidores a la UCR y al PRO. Entre los nombres que respaldan su reelección están Martín Casares, Paula Colombo, Pablo Clusellas, exsecretario Jurídico y Técnico de Mauricio Macri.
Además, es impulsado por colectivos vinculados a Germán Garavano, exministro de Justicia, Jimena de la Torre, actuales miembros del Consejo de la Judicatura Nacional, y Diego Marías, exfuncionario de la administración Larreta en la Ciudad. Desde la UCR hay apoyo de la Franja Morada, de Carlos Más Vélez que está en la lista y del sector de Daniel Angelici. En total, son 13 agrupaciones las que conforman el frente oficial.
Gil Lavedra competirá contra su actual vicepresidenta primera, Patricia Trottaque rompió con la actual dirigencia y encabeza la lista de Gente de Derecho, que tiene en la lista a Jorge Rizzo, que incluye a gran parte del peronismo y el kirchnerismo bonaerense, cuyo hombre fuerte en la Capital es Juan Manuel Olmos, ex funcionario de Alberto Fernández.
También se presenta una tercera lista, que encabezado por Rubén Ramossecretario general de la Asociación del Gremio de Abogados del Estado, cuya vicepresidenta es la ex diputada massista Carla Pitiot, del Frente Renovador de Sergio Massa.
A continuación se presenta un resumen de una entrevista realizada por Gil Lavedra a Clarín:
Luego de dos años al frente del Colegio Público de Abogados de CABA, ¿cuáles son sus propuestas en caso de que se renueve su mandato por dos años más en las elecciones internas?
Un Colegio Público profesional, prestigioso y moderno. Que defienda seriamente a toda la profesión jurídica, a los litigantes, a los abogados del Estado y a los abogados de las empresas. Que defienda no sólo sus deberes o la protección de honorarios, sino que brinde una excelente formación, mejores servicios y herramientas para el ejercicio profesional. Un Colegio que sea a la vez una poderosa voz institucional para defender el Estado de derecho y buscar reformas judiciales que permitan procesos más rápidos. Continuar el cambio profundo que iniciamos hace dos años.
¿Por qué interpuso un amparo contra el artículo de la nueva ley antilavado que obliga a los abogados a ser sujetos obligados de la UIF en caso de sospechas sobre el origen de los honorarios pagados por sus clientes?
Cualquier actividad que se requiera basada en conocimientos jurídicos es ejercicio de la abogacía. Y todo está protegido por la confidencialidad del secreto profesional. La reforma a la ley de blanqueo de capitales, que obliga al abogado no litigante en determinadas materias a controlar, investigar e incluso denunciar a su cliente viola flagrantemente el secreto profesional y, por tanto, la garantía constitucional de defensa en los tribunales. Además, impone sobre los hombros de los abogados una serie de obligaciones propias de un banco o institución financiera que son imposibles de cumplir.
¿Por qué no quisiste presentar un amparo contra el mega DNU del presidente Javier Milei?
Desde 1863, con la sanción de la Ley 27, la acción popular en defensa de la legalidad quedó excluida de nuestro ordenamiento jurídico. Siempre es necesario un “caso” o “controversia”, es decir, un daño o afectación específica al interés del reclamante. Sólo en un caso la Corte Suprema habilitó una legitimación muy excepcional en defensa de la Constitución (“Colegio de Abogados de Tucumán”). , porque estaba en juego la sanción de las normas constitucionales mismas. El DNU 70/2023 no satisface, a mi juicio, los requisitos establecidos por la Constitución y la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no menoscaba ningún interés específico del Estado. Por tanto, el Colegio de Abogados carece de legitimación activa para interponer acción alguna. Incluso las asociaciones de abogados que intentaron hacerlo perdieron la demanda.
¿Qué quiso decir cuando en el lanzamiento de su campaña dijo que “vamos a seguir gobernando con austeridad o volvemos a los privilegios, al regalo de ‘Rolex’ o a las fiestas suntuosas”?
El Colegio no puede considerarse propiedad de la lista que gana cada vez una elección, y debe ser administrado sin gastos superfluos. En el pasado ha habido muchas fiestas lujosas y obsequios suntuosos para ex presidentes. La austeridad en la gestión nos permitió llevar a cabo una auténtica transformación de las instalaciones en beneficio de los matriculados (salas de cowork, tres plantas de aulas nuevas, reforma de todas las aulas con la última tecnología, reapertura del bar y restaurante, etc.). En lugar de regalar Rolex, hemos invertido en mejorar los servicios a la profesión jurídica, y lo hemos hecho en un momento económico muy difícil para el país.
¿Qué resolvió el Tribunal respecto de la solicitud de actualización de la UMA solicitada por el colegio?
Conseguimos que la Corte Suprema ordenara que con cada aumento en los salarios del personal judicial, se actualizara automáticamente el valor de la UMA, la unidad de medida de los honorarios profesionales. De esta manera, en tiempos de inflación muy alta, hemos logrado defender el bolsillo de todos los inscritos.
¿Y en cuanto a la presencia total de los empleados judiciales tras la pandemia?
Luego de la pandemia, la Corte delegó en las Salas, y éstas a su vez en los tribunales, la regulación del quehacer judicial. Esto dio lugar a una verdadera anarquía. Cada juez en el tribunal tenía lo que era presencial o virtual. El abogado se vio entonces ante la incertidumbre de múltiples modalidades laborales que perjudicaron su labor. La presentación que hicimos ante la Corte Suprema buscó no simplemente volver a la presencialidad (el trabajo virtual ha mostrado mayor eficiencia en muchos casos), sino tener un régimen de trabajo judicial homogéneo, al menos en cada jurisdicción, para que Los litigantes supieron proceder en cada caso. El Tribunal lo hizo saber a las Salas y la cuestión está siendo resuelta.
¿Qué medidas tomó para que las llamadas sucesiones notorias y divorcios administrativos no estuvieran incluidas en la Ley Ómnibus?
Hablamos públicamente a través de varias declaraciones. Asistí personalmente al Congreso donde tuve reuniones con varios de los presidentes de bloque y posteriormente también hice representaciones personales con todos los presidentes de bloque. Habíamos conseguido una mayoría muy importante cuando se votó en particular sobre esos puntos. El proyecto fracasó y ahora afortunadamente ya no aparece en las nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo. Está claro que fuimos escuchados.-
