La disminución de cultivos está llevando a estructuras criminales a realizar negocios vinculados a la extracción ilícita de minerales, convirtiendo a esta actividad criminal en el nuevo combustible para la expansión de grupos armados ilegales, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación en Pasto del Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de la Población Minera de Colombia, visibilizando el rostro de la economía ilegal.
“Los grupos armados ilegales en Nariño se habían centrado principalmente en el negocio de la coca. Se convirtió en el departamento con mayor cantidad de hectáreas de coca cultivadas, sin embargo, desde la Alerta Temprana 036 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, la baja en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las FARC en el territorio nariñense llevó a interesarse en el negocio de explotación de oro”, explicó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo construye el Observatorio de Derechos Humanos y Minería y el informe servirá como el primer aporte al análisis de la minería ilegal, además de ser el punto de partida para ampliar la observación de conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales. derivados de esa actividad a nivel territorial.
Disputa
Zonas del Triángulo de Telembí y la subregión cordillerana están en disputa por disidentes y hay más de 200 máquinas de explotación.
La Defensoría del Pueblo advirtió en Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2024 de la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las FARC), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo de Telembí y la subregión de la sierra de Nariño, donde sus informes señalan que existen más de 200 máquinas de explotación criminal.
“Ha habido un aumento abrumador en el reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región”, afirmó el Defensor del Pueblo. Han aprovechado la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, “para apoderarse de los territorios, provocando el desplazamiento de familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas”, aseguró.
Y agregó que “mi mensaje es claro y contundente: hay que proteger a los campesinos y mineros artesanales y ancestrales. Es deber del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlos del avance de los grupos armados, que continúan atentando contra su vida e integridad”.
“El desplazamiento, que convierte a Nariño en el principal generador de víctimas, refleja la expansión de grupos al margen de la ley, por lo que es necesario actuar con contundencia, para que no sigan acabando con vidas y economía de la población”, indicaron desde el Defensoría del Pueblo.
