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El juez federal que preside el caso de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump accedió a una solicitud de los fiscales destinada a proteger las identidades de posibles testigos del gobierno.
Pero la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon se negó a bloquear categóricamente la divulgación de las declaraciones de los testigos, diciendo que no había base para una restricción tan “amplia” y “general” a su inclusión en las mociones previas al juicio.
La orden de 24 páginas se centra en una disputa entre el equipo del fiscal especial Jack Smith y los abogados de Trump sobre cuánta información sobre los testigos y sus declaraciones podría hacerse pública antes del juicio. El desacuerdo, que había estado pendiente durante semanas, era uno de los muchos que se habían acumulado ante Cannon y habían ralentizado el ritmo del caso contra Trump, uno de los cuatro procesamientos que enfrenta.
El caso aún no tiene una fecha firme para el juicio, aunque ambas partes han dicho que podrían estar listos este verano. Cannon, que anteriormente enfrentó duras críticas por su decisión de acceder a la solicitud de Trump de que un árbitro independiente revisara los documentos obtenidos durante una búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, dejó claro su continuo escepticismo sobre la teoría del enjuiciamiento del gobierno, diciendo el martes que el caso planteó “preguntas aún en desarrollo y algo confusas”.
Al reconsiderar una orden anterior y hablar con los fiscales sobre la protección de las identidades de los testigos, Cannon probablemente advirtió sobre una dramática exacerbación de las tensiones con el equipo de Smith, que la semana pasada calificó una orden separada del juez como “fundamentalmente defectuosa”.
La cuestión surgió en enero cuando los abogados defensores presentaron, en forma parcialmente sin redactar, una moción que buscaba exigir a los fiscales que entregaran un tesoro de documentos que, según decían, reforzarían su afirmación de que la administración Biden había tratado de “convertirla en un arma” al acusar a Trump.
Los abogados defensores pidieron permiso para presentar la moción, que incluía como archivos adjuntos información que habían obtenido de los fiscales, en su mayor parte sin redactar. Pero los fiscales se opusieron a revelar la moción en la medida en que revelaría la identidad de cualquier posible testigo del gobierno.
Luego, Cannon accedió a la solicitud de la defensa de que la moción y sus pruebas se presentaran sin redactar, siempre y cuando la información de identificación personal de los testigos permaneciera sellada. El equipo de Smith le pidió que lo reconsiderara, diciendo que los testigos podrían estar expuestos a amenazas y acoso si se los identifica públicamente.
Al aceptar que los nombres de los testigos permanezcan redactados, escribió: “Aunque está claro en el expediente que el Fiscal Especial podría y debería haber planteado sus argumentos actuales anteriormente, la Corte elige, tras una revisión completa de esos argumentos recién planteados, reconsiderar su Orden anterior”.
Aún así, la orden no fue una victoria completa para los fiscales.
Cannon rechazó una solicitud del equipo de Smith para sellar de las mociones previas al juicio la sustancia de todas las declaraciones de los testigos, con la excepción de la información que podría usarse para identificar a los testigos.
“En cuanto a la autoridad legal, los casos citados en los documentos del Fiscal Especial no respaldan esta amplia solicitud; ni parecen haber sido ofrecidos como tales”, escribió Cannon. “Y basándose en la investigación independiente de la Corte, conceder esta solicitud no tendría precedentes: la Corte no puede localizar ningún caso (de alto perfil o no) en el que un tribunal haya autorizado algo remotamente similar a la amplia reparación que se busca aquí”.
