La oposición inició su batalla para tumbar el DNU y no está lejos de lograrlo. Mientras el gobierno apuraba la presentación de su nueva Ley Ómnibus, Unión por la Patria, la izquierda, el socialismo y parte del radicalismo daban una demostración de fuerza en la Cámara de Diputados. donde convocaron a más de una docena de constitucionalistas que coincidieron todos en el mismo punto: El DNU 70/2023 de Javier Milei quedó absolutamente nulo de pleno derecho. Con distintos argumentos, los especialistas dieron a la dura oposición la masa crítica necesaria para rechazar el decreto desregulador que, entre otras cosas, liberó el valor de contratos prepago y de alquiler. El verdadero mensaje, sin embargo, fue la foto. Fueron alrededor de cinco diputados radicales alineados con Facundo Manes dando el presente en un gesto que no fue más que una advertencia: “El DNU se va a caer, sólo nos faltan unos cuantos votos”.
Desde que el Senado rechazó el mega DNU de Milei hace casi un mes, el jefe de la bancada de la UxP, Germán Martínez, viene trabajando con el Frente de Izquierda y de Trabajadores y un sector del radicalismo para terminar de sepultar el decreto de refundación de Javier Milei. Un trabajo silencioso y desconfiado que depende básicamente de la cantidad de enfado y malestar que el presidente pueda despertar en los gobernadores y en la UCR. En la Cámara de Diputados hay un piso de 109 votos en contra -los 99 de UxP, los 5 del FIT, Natalia de la Sota, los dos socialistas santafesinos y los dos santacruceños que responden a Claudio Vidal-, lo que, para garantizar un rechazo seguro, Necesitan un mínimo de 20 voluntades más para alcanzar el quórum. En este contexto, la presencia de cinco diputados radicales en la reunión con especialistas organizada por UxP fue toda una señal.
Pablo Juliano y Pablo Manes ya habían manifestado su rechazo al gobierno al votar en contra de la Ley Ómnibus en general, pero la novedad fue que lograron arrastrar a otros cuatro legisladores a una asamblea de debate que tuvo como objetivo explicar por qué el DNU 70/2023 era inconstitucional . Estuvieron los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizotti, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli, además del propio Juliano. En la comitiva de Manes -que no estuvo presente porque estaba de viaje- contabilizaron unos 7 votos radicales contra el DNU que, si se suman a los 6 diputados de Evolución (que responden a Martín Lousteau), dejarían a la oposición dura con una base de 122 votos. A esos 122 habría que sumar el de Margarita Stolbizer (de Hacemos la Coalición Federal, como De la Sota y los socialistas) y el rionegrino Agustín Domingo (que responde al gobernador Alberto Weretilneck).
Es decir, la oposición está a unos cinco votos de ganar la cifra para tumbar el DNU. En la dirigencia de UxP ponen paños fríos y advierten que no debemos confiarnos, ya que temen que algunas voluntades efectivamente se traduzcan en quórum (en la línea más dura de la UCR, por ejemplo, aseguran que tienen más de 15 votos contra ). Necesitan estar seguros porque demasiado optimismo podría resultar contraproducente. Los números, sin embargo, son cada vez más propensos al rechazo y son varios en UxP y en la izquierda los que analizan la posibilidad de convocar a sesión lo antes posible. El desafío es encontrar el momento ideal. “Esto es paso a paso”, repiten en UxP.
Sin nulidad absoluta
En pos de sumar masa crítica contra el DNU que apoya la liberalización de las prepagas, la derogación de decenas de leyes y una reforma laboral que reduce las remuneraciones y limita el ejercicio a huelgas (hoy suspendidas por la Justicia), UxP, el FIT y el socialismo convocaron una veintena de especialistas que coincidieron en la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. “No nos reunimos para atacar a un gobierno, sino para defender la Constitución” comenzó el socialista Esteban Paulón, quien fue el encargado de liderar la jornada junto a Myriam Bregman (FIT), Leopoldo Moreau (UxP) y Carolina Gaillard (UxP). La reunión, sin embargo, terminó teniendo que ser transmitida a través de la cuenta de Instagram de Cecilia Moreau porque, media hora después de iniciada, la transmisión oficial de la Cámara de Diputados fue suspendida.. Los diputados pusieron el grito en el cielo y acusaron directamente a Martín Menem de querer censurar la reunión.
“En un nuevo acto de intolerancia, la Cámara de Diputados interrumpió la transmisión en YouTube de la reunión con constitucionalistas por el DNU 70/2023. Horrible”, tuiteó Germán Martínez, elogiando al presidente de la Cámara de Diputados. “Estamos hablando en la Cámara de Diputados con convocatoria plural y las autoridades libertarias cortaron la transmisión digital. Esto es fascismo explícito.“cuestionó, por otra parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien acababa de presentarse en la reunión. Más allá del percance -que el oficialismo terminó justificando bajo el argumento de que se le había dado “prioridad” a la conformación de comisiones-, la reunión terminó durando más de cinco horas.
El primero en hablar fue Gil Domínguez. “La Constitución prohíbe delegar poderes legislativos como traición a la patria. Desde la perspectiva constitucional convencional es absolutamente nulo y sin valor. La intención del presidente es reemplazar al Congreso”. denunció el constitucionalista, que ya había presentado un amparo contra el DNU 70/2023 y quien, como muchos de los especialistas que lo siguieron, acusó al gobierno de realizar “un intento de reforma constitucional encubierta”.
“No hay necesidad ni urgencia ni impedimento alguno para que el Congreso funcione. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un despropósito”, añadió la profesora de Derecho Beatriz Rajland, quien acusó al Gobierno de querer otorgarse “la suma de poder”. político con el objetivo de imponer un proyecto político sin debate”. “Lo que estamos presenciando es específicamente una detonación del sistema constitucional argentinoa”, cuestionó el constitucionalista Gustavo Ferreyra.
Otros, como Eduardo Barcesat, fueron más allá y dijeron que la publicación del DNU era motivo suficiente para solicitar un juicio político contra el Presidente.. Barcesat, de paso, también pidió que se haga un “análisis de las facultades mentales del presidente”: “Decir que un Estado es una asociación delictiva no conviene a alguien que ejerce la presidencia”.
Uno de los últimos en hablar fue el abogado y exlegislador riojano Jorge Yoma: “Devuelva este decreto, dé la señal que la sociedad necesita de que haya un poder legislativo que defienda la República, la calidad de vida y la dignidad de las personas”Pidió a los diputados que, al finalizar la reunión, se comprometan a hacer lo mismo.
