Las demandas buscan que el Consejo de Estado revoque la resolución con la que la Superintendencia de Salud intervino en la EPS Sanitas.
Foto: EFE – Mauricio Dueñas Castañeda
El Consejo de Estado ya es el escenario clave donde se resolverán varios recursos judiciales que tienen un elemento en común: las intervenciones que el gobierno de Petro hizo a las Nueva EPS y Sanitas. Al alto tribunal ya llegaron dos demandas que buscan poner freno a algunas decisiones tomadas por la Superintendencia de Salud la semana pasada mediante las cuales tomó el control de ambas EPS, en medio de una intensa pelea política por la fallida reforma del proyecto. Sistema de salud. por el presidente Gustavo Petro.
El primer recurso es del exministro de Justicia del gobierno de Iván Duquez, Wilson Ruiz. Junto al abogado William Iván Mejía Torres, el exfuncionario interpuso un recurso de nulidad contra la resolución del 2 de abril que permitió la intervención de la EPS Sanitas. En concreto, lo que los demandantes solicitaron al Consejo de Estado es revocar esa decisión y ordenar a la Superintendencia cesar cualquier otra actividad relacionada con esta y otras intervenciones al actual sistema de salud.
Además, Ruiz y Mejía explicaron al alto tribunal que la persona designada para realizar esta intervención, Duver Dicson Vargas, no tendría la experiencia suficiente para hacerse cargo de la administración de una EPS del tamaño de Sanitas. Según cuentas oficiales, esta entidad es la segunda más grande del país, con más de cinco millones de usuarios registrados. La demanda sostiene que la experiencia de Vargas se limita a dos puestos de trabajo: uno en la gestión de una IPS de segundo nivel de complejidad, otro en la administración de cuatro hospitales, con mucha menos capacidad que la EPS Sanitas.
“El perfil del interviniente sugiere una amenaza para la gestión de riesgos financieros y sanitarios. Aspectos que inciden directamente en la prestación de servicios de salud en mejores condiciones que las actuales”, dice la demanda. Luego de presentar el recurso, el exministro Ruiz escribió en su cuenta X: “Estamos decididos a frenar la intervención de SuperSalud en Sanitas. He presentado una demanda ante el Consejo de Estado para detener esta expropiación. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y actuar para defender nuestra salud”.
Por su parte, el partido Cambio Radical también se involucró en lo que ya se perfila como una batalla en los tribunales judiciales para frenar las decisiones del gobierno en materia de sistema de salud. En un documento de 36 páginas, el grupo presentó otro recurso de nulidad ante el Consejo de Estado contra la misma resolución con la que Supersalud intervino en EPS Sanitas. Para el partido, la decisión del gobierno de Petro tiene efectos nocivos que “afectan gravemente el orden público, político, económico, social o ecológico”.
Germán Córdoba, director y secretario general del partido Cambio Radical, presentando la demanda ante el Consejo de Estado.
Foto: Archivo
Además de pedir revocar la resolución, Cambio Radical solicitó al alto tribunal suspender preventivamente la decisión de intervenir de EPS Sanitas, a través de una medida cautelar. Según la demanda, dado que la resolución de la Supersalud es contraria a derecho y “viola varios principios y preceptos legales como: el debido proceso, el principio de proporcionalidad, la debida motivación, entre otros”, es necesario que, preventivamente, la justicia detenga la decisiones de la entidad.
En la demanda, el partido político agregó que, al anunciar la intervención de Sanitas, Supersalud no le dio espacio a la entidad para defenderse ni tuvo en cuenta pruebas lo suficientemente sólidas como para tomar una decisión tan drástica como la intervención. Asimismo, el recurso sostiene que la entidad no presentó motivos válidos para intervenir y que incluso hubo desviación de poder.
Para Cambio Radical, el presidente Gustavo Petro “en su ejercicio constitucional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, dictó el acto administrativo (intervenir a las EPS), no en el marco de una actividad de intervención como parece, sino bajo un interés político. . ante el colapso de la reforma de salud”. Para sustentar el argumento, la demanda señala que el presidente escribió mensajes en redes sociales en los que, según el recurso, demostrarían que el mandatario solicitó la intervención por motivos distintos a los legalmente permitidos.
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