El proyecto de ley fue enviado al Senado y busca modificar el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta.
El citado artículo se refiere a la normativa en materia de recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos regulan cuando una controversia pone en duda la validez constitucional de una ley, decreto, ordenanza o reglamento y la sentencia definitiva ha sido contraria a su validez.
Cuando estos recursos son rechazados, las denuncias se dirigen al Tribunal de Justicia de Salta para que se pronuncie sobre los mismos.
La propuesta del Tribunal consiste en cobrar estas reclamaciones y que las partes tengan que realizar un depósito en las cuentas bancarias del Poder Judicial para que el órgano tramite el recurso de queja.
“Cuando se presente denuncia ante el Tribunal de Justicia, por desestimación del recurso de apelación, deberá depositarse a orden de dicho Tribunal una suma equivalente a doce (12) ius. El depósito se realizará en la cuenta oficial del Poder Judicial, en el banco que opera como agente financiero de la Provincia de Salta”, indica el cambio que propone incorporar la Corte.
En los argumentos propuestos por la Corte sostiene que el propósito de la modificación es evitar la proliferación de recursos manifiestamente inadmisibles “que desbordan a la Corte”.
Según la Corte, la mayoría de las jurisdicciones provinciales han regulado este requisito para la admisibilidad de las denuncias tramitadas ante sus máximos tribunales. Como ejemplos se pueden citar los casos de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, las provincias de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones y Santa Cruz también contemplan el depósito de recursos que deben resolver sus Tribunales locales.
Cabe señalar que el valor del IUS (unidad tarifaria de honorarios profesionales de Abogados y Procuradoras) está fijado actualmente en $19.884, por lo que el depósito propuesto por el Tribunal para realizar estos trámites es de $238.608.
