Este viernes, la Cámara Federal de Buenos Aires abrió la puerta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduroy otros funcionarios de su gobierno, sean investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos, aplicando el principio de “justicia universal”.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens reabrieron un caso en el que Maduro fue denunciado por presuntas víctimas de su gobierno y de un organismo internacional.
La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El fallo exige “la producción de las medidas cautelares solicitadas por el Representante del Ministerio Público al momento de iniciar la acción, así como cualquier otra actuación que se estime procedente”.
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“Se vuelve fundamental contrarrestar las acciones criminales llevadas a cabo por las autoridades estatales del gobierno venezolano, por lo que se debe ordenar al juez de instrucción (Sebastián Ramos, ed.) su rápida implementación”, destaca el fallo.
Los camaristas Bruglia y Bertuzzi anunciaron que “si se cumplen los requisitos legales procederemos a llamar a investigación a los aquí imputados”.
Llorens, por su parte, fue más allá e incluso pidió la captura de Maduro.
“Es imprescindible que el juez resuelva la solicitud de citación a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (diputado de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del chavismo, ed.) y todos los señalados como responsables a declaración indagatoria”, dijo.
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Además, solicitó que “todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que fueron denunciados en este proceso, sean juzgados y se adopten todas las medidas cautelares urgentes para que los responsables sean sometidos a proceso, como su orden de arresto inmediato”.
El fallo destaca “la necesidad inmediata de adoptar una resolución teniendo en cuenta la particularidad de los hechos, cuyos resultados -por su contemporaneidad y las modalidades de su ejecución- no admiten dilación o demora alguna en las medidas de protección que deben adoptarse de inmediato a fin de evitar mayores daños a los posibles derechos inculcados”.
El caso fue iniciado por una presentación de la organización internacional Fundación Clooney para la Justicia y Amnistía Internacional, que denunciaron al Estado venezolano ante la Justicia argentina por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano desde 2014 hasta la actualidad.
La denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio y fue registrada con el número 2001/2023, está caratulada como “investigación delictiva”.
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La principal denunciante es Rosa María Orozco Seijas, quien en un blog online dijo: “El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el 19 de febrero fuera baleada en el rostro por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana ( GNB) durante una manifestación en Carabobo”.
“Moreno estuvo hospitalizada desde la noche del 19 de febrero hasta el mediodía del 22 de febrero cuando falleció en una clínica de Naguanagua”, agregó.
La mujer envió una carta al general Antonio Benavides Torres, comandante general de la GNB, en la que expresó que “el respeto a la familia y la dignidad de las personas” fue “pisoteado” por miembros de esa fuerza de seguridad.
“Una Guardia Nacional lo destruyó, dejándome en una soledad que no te imaginas, porque no te ha tocado. Me quitaron la vida, mis ganas de vivir, mi amiga, mi hija amada, mi General. Dices que la GN, soldados, patriotas, nunca han levantado un fusil contra los venezolanos, ¿me dices entonces quién fue? ¿Quién le quitó la vida a mi hija Geraldín y por qué sigue suelto el funcionario de la mal llamada Guardia Popular que atacó a Marvinia Jiménez maltratando a más venezolanos, así como a los funcionarios del Destacamento 24 de la GN en el estado Carabobo? “, se preguntó.
El caso se sigue en Venezuela pero las organizaciones que lo denunciaron en Argentina sostienen que en los tribunales de Caracas no hay garantías de una investigación imparcial.
