El Consejo de Estado confirmó una condena por agresiones sexuales a las que fueron sometidos varios menores en una sede de Oliverio Lara.
RICARDO AREIZA
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La Alcaldía de Neiva deberá pagar con recursos propios al menos mil 653 millones de pesos por los abusos sexuales a los que fueron sometidos tres menores en el colegio Olivero Lara.
Además, como medidas compensatorias, deberá pedir disculpas públicas a las víctimas y adoptar otras acciones de reparación simbólica, como garantías de no repetición.
La sanción obliga a una entidad territorial a responder económicamente por los daños a la salud causados a las víctimas directas y por los daños morales a sus familiares más cercanos.
La decisión, impuesta el 24 de febrero de 2016, hace siete años, por el Tribunal Administrativo, fue confirmada por el Consejo de Estado, al resolver un recurso interpuesto por el entonces alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, contra la sentencia.
Compensación
Al modificar la sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) condenó a la Alcaldía de Neiva al municipio de Neiva a pagar, por concepto de daño moral, el equivalente a 1,175 millones de pesos
Asimismo, condenó a la Alcaldía de Neiva a pagar, por daños a la salud, la suma equivalente a 250 salarios mínimos mensuales a los menores abusados.
En su momento, la Alcaldía de Neiva se opuso a la sentencia porque en este caso no estaba vinculada al Ministerio de Educación, encargado de organizar los concursos para cubrir plazas docentes y revisar las hojas de vida de los participantes.
El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, como relator, estimó que la falla en el servicio la cometió quien tenía el cargo de garante al momento de la violación sexual de las menores, en este caso, la Alcaldía de Neiva. En consecuencia, rechazó de plano la solicitud de vincular al Ministerio de Educación y al Gobierno del Huila en el pago de indemnizaciones a las víctimas, como reclama la administración local.
la agresion
El caso ocurrió hace 15 años en una de las sedes Santa Isabel del colegio ‘Oliverio Lara’, una de las instituciones educativas más grandes de la capital del Huila.
El abusador, Jorge Luis Vidarte, ya condenado, fue denunciado ante la Fiscalía el 7 de noviembre de 2008 por la madre de uno de los tres menores agredidos.
“Las sacaba en el recreo, las llevaba a su casa y allí realizaba actos sexuales con ellas”, dijo uno de los padres cuyo nombre no puede ser revelado por cuestiones legales. Dos días después las madres denunciaron el caso a la rectora de la institución educativa Miriam Teresa Oviedo.
El funcionario fue destituido e inhabilitado tras haber perpetrado una conducta abusiva. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo una pena de 180 meses de prisión.
“El docente tenía antecedentes de abuso sexual a sus alumnos y la administración municipal, al saberlo, no tomó decisiones para evitar que el perpetrador siguiera realizando este mismo tipo de conducta depravada”, explicó el magistrado de primera instancia.
Es más, según directivos de la institución, una vez ocurridos los abusos entre los menores de segundo grado, la docente fue asignada en 2009 a otro grado superior donde también hubo denuncias por acoso sexual a los alumnos.
“El municipio de Neiva, como nominador, administrador y director de educación en el área de su jurisdicción, tuvo que implementar medidas para la protección de los menores de edad”, aseguró. Sin embargo, no lo hizo.
Reparación simbólica
Considerando que estas conductas violaron gravemente los derechos fundamentales de los menores (educación, integridad personal y dignidad humana), la Corte decretó de oficio medidas de justicia restaurativa que garantizan la adecuada y correcta aplicación del principio de reparación integral.
Como medidas de justicia restaurativa, el Consejo de Estado ordenó que el alcalde de Neiva y el rector de la institución educativa ofrezcan disculpas públicas a las víctimas y sus familiares por omitir el deber de supervisión y custodia de los estudiantes, así como revisar las hojas de vida de los estudiantes. los docentes asignados a su puesto.
El acto de reparación simbólica deberá realizarse en ceremonia privada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecución de esta sentencia a los tres menores, a sus padres, hermanos y abuelos ofendidos.
Las excusas se centrarán principalmente en la omisión de supervisar y custodiar a los estudiantes, así como la omisión de revisar las hojas de vida de los docentes y no informar a las autoridades de estas conductas repetitivas del agresor.
Dicha revisión deberá realizarse con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la niñez y la adolescencia de la ciudad de Neiva, esto en virtud de la protección de los derechos de los menores.
Como garantías de no repetición, ordenó a la Alcaldía de Neiva, con cargo al presupuesto, revisar en un plazo de tres meses las hojas de vida de los docentes que se encuentran laborando y, si se constata conducta abusiva, denunciar de inmediato. a las autoridades competentes. .
Ante la gravedad de los hechos y la agresión de la que fueron sometidos los tres menores, el Juzgado dispuso que con recursos públicos de la Alcaldía de Neiva se determine cuál debe ser el tratamiento psicológico necesario para superar las secuelas que quedan y asumir el pago de ese tratamiento.
abusador condenado
El docente Jorge Luis Vidarte, actualmente en prisión, fue vinculado en 1993 por la Secretaría de Educación del Huila. Era un maestro naturalizado. Aunque había sido sancionado, permaneció en el cargo.
En 1997 fue suspendido por 90 días por abusos a sus alumnos en una institución rural. El 15 de diciembre de 2011 fue destituido e inhabilitado por 15 años, al finalizar un proceso disciplinario interno que se llevó a cabo en su contra.
Hallado responsable, fue sentenciado a 15 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva el 29 de junio de 2010. La decisión fue confirmada el 13 de octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Neiva.
Caso similar
Por un caso similar ocurrido en la Institución Educativa Gallego, Sede San Rafael, ubicada en el municipio de La Plata (Huila), el Juzgado Séptimo Administrativo condenó a la Gobernación del Huila a indemnizar a las víctimas.
Según el relato, durante los años 2015 y 2016, varios menores de edad fueron sometidos a actos sexuales abusivos por parte del maestro John Ferney Molina Cuéllar, quien fue capturado y actualmente procesado por esta conducta.
Los hechos fueron denunciados por una de las menores el 30 de julio de 2018. Sus padres denunciaron el caso ante el rector de la institución, y ante la Fiscalía General de la República, los días 2 y 3 de agosto de 2018, respectivamente.
El funcionario judicial declaró la responsabilidad del Gobierno del Huila por el daño moral.
“El daño sufrido por la menor consistió en que su integridad personal se vio afectada por el maltrato infantil del que fue sometida debido al acto sexual abusivo que sufrió por parte del educador”.
