Ecuador vive una legislatura turbulenta. Desde que comenzó el mandato del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en noviembre pasado, una serie de hechos abruptos han puesto al país latinoamericano en el punto de mira.
Al estado de emergencia, decretado en enero a escala nacional, tras la espiral de violencia sufrida en las cárceles, se sumó el asalto a la embajada de México en Quito, a principios de abril, para sacar de allí al exvicepresidente Jorge Glas.
Noboa lleva medio año en el cargo a un ritmo forzado -ya que la legislatura sólo durará dieciséis meses- que hasta el momento no han servido para frenar la grave situación de inseguridad, narcotráfico y violencia que sufre el país.
Ante este panorama, los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 21 de abril, para votar en referéndum y consulta popular sobre cuestiones sobre seguridad propuestas por Noboa, además de otras de carácter económico.
Los expertos dicen a DW que, de salir victorioso de la consulta, Noboa podría argumentar que necesita más tiempo en el poder para continuar con las reformas necesarias en la lucha contra el crimen organizado.
“Su partido podría capitalizarlo de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que buscará la reelección”, dijo a DW Glaeldys González, miembro para América Latina del International Crisis Group (ICG).
Un referéndum para validar
“Noboa tiene expectativas, por parte de los ciudadanos, de mejorar la situación de inseguridad, por eso todo lo que hace políticamente va en esa dirección”, explica a DW Guillaume Long, investigador principal del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR). sus siglas en inglés), en Londres.
“Ha propuesto una consulta popular, un referéndum, para hacer lo que yo llamaría ‘populismo punitivo’”, añade Long, en referencia a las preguntas presentadas para este domingo.
Los ecuatorianos deberán responder once preguntas, que versan sobre permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, control de armas, aumento de penas por delitos graves o extradición, entre otras propuestas, según la información. publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país.
“Apela a la idea de que aumentar las penas disuadirá el crimen, cuando el problema no es el número de años de prisión sino la impunidad de los delitos”, dijo Pablo Ospina, profesor del Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“Las preguntas de la consulta no estaban diseñadas para abordar soluciones fundamentales a la inseguridad, sino para ser reforzadas políticamente con golpes de efecto”, añade.
“Vergüenza” desde fuera
El referéndum se produce días después del “bochorno” internacional por el allanamiento a la embajada de México en Quito, y a pesar de que, internamente, Noboa incluso ha mejorado su reputación, subrayan los analistas consultados por DW.
“Esta actuación representa exactamente el tipo de lucha irrestricta contra el crimen que esperaban las personas que votaron por él”, explica Glaeldys González a DW. “El Gobierno afrontaba un progresivo descenso de su popularidad y, quizás, se trataba de una estrategia para mejorar su reputación, que ha sido bien recibida en sectores con sentimiento anticorreista”, añade.
De igual forma, Pablo Ospina considera que esta acción marca el fin de “sus coqueteos políticos con el correísmo”, ya que el partido de Noboa -Acción Democrática Nacional (ADN)- tenía una alianza parlamentaria con el movimiento Revolución Ciudadana. Su líder, Rafael Correa, era amigo íntimo de Jorge Glas.
“La toma de la embajada de México, además de constituir un bochorno gigantesco, marca un claro giro para galvanizar el voto anticorreísta”, insiste Ospina.
Para Mario Pazmiño, consultor internacional de inteligencia y seguridad para América Latina y Europa del Security College US, la imagen de Noboa a nivel nacional se ha fortalecido tras el asalto. “El país estaba cansado de que hubiera una violación permanente a su integridad y al respeto a la democracia ecuatoriana”, dijo a DW.
Preguntas “trucosas”
El referéndum incluye dos preguntas que apuntan, por un lado, al regreso de Ecuador al arbitraje internacional como método para resolver disputas sobre inversiones y, por el otro, a permitir el trabajo por horas.
“Ni lo uno ni lo otro tiene que ver con la seguridad. Pero viendo que tenía muy buenas posibilidades de ganar, Noboa las presentó. Es complicado hacerlo porque son cuestiones complejas y hay muchos intereses”, dice Long.
Para el experto, reintroducir el arbitraje internacional -prohibido en Ecuador por el artículo 422 de su Constitución- es “lamentable” y se produce “no sólo por desconocimiento”, sino también por intereses específicos de grupos empresariales, “incluido el Grupo Noboa”. todo lo cual pertenece al propio presidente, señala.
La consulta no solucionará la inseguridad
Algunos expertos califican de “positiva” la gestión de seguridad de Noboa, aunque son necesarias nuevas propuestas. Para Mario Pazmiño se necesita una “reingeniería del sistema penitenciario, del sistema de inteligencia y del sistema judicial, ya que gran parte de los jueces trabajan para el crimen organizado”, asegura a DW.
Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) Ecuador cerró 2023 con más de 8.004 homicidios dolosos, con una tasa de 47,25 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Esto lo ubica como el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo.
“La delincuencia no ha sido controlada y esto puede tardar incluso décadas”, dice a DW Gonzalo Ordóñez, investigador del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sin embargo, de cara a las próximas elecciones, el referéndum es extremadamente valioso”, afirma, a pesar de todas las críticas.
(rml)
