El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia los métodos utilizados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la hora de adjudicar los diferentes proyectos, especialmente el de la Ciudad de la Justicia en el que la administración no ha contado ellos y justifica sus acciones “por la urgencia y excepcionalidad de este proyecto y procedimiento de trabajo”. El colegio recuerda que, en el resto de los casos, el concurso de proyectos se llevó a cabo “con una participación profesional muy amplia, incluso internacional” y, pese a mantener la mano tendida, lamenta que en la Comunidad de Madrid no se haya producido en de la misma manera.
La organización defiende que, hasta hace 15 años, la región pensaba en “embellecer y mejorar” el espacio público, pero hoy ya no es así. “Estamos sufriendo la era de la ‘arquitectura para la legislatura’, que se anuncia y se pretende inaugurar dentro de cuatro años”, denuncian en el comunicado en el que destacan las denuncias que vienen arrastrando desde hace tiempo. Además, afirman que la Comunidad de Madrid utiliza “atajos” que, según su interpretación, la Ley de Contratos del Estado permite justificar la excepcionalidad que “limita extraordinariamente la asistencia por las exigentes exigencias de solvencia”.
Sin embargo, el colegio reconoce que este procedimiento es legal, pero que está lejos del interés general de los ciudadanos y de la calidad de la arquitectura, como exige la Ley de Calidad de la Arquitectura. Desde el COAM consideran que el proyecto de Ciudad de la Justicia es fundamental, y por ello hay que cuidar al detalle su imagen.
“Hay que separar proyecto y obra, hay que garantizar primero la mejor arquitectura y, después, que se construya con la máxima calidad, al precio más razonable”, reafirma la escuela, que destaca que los valores fundamentales para la realización de cualquier obra deberá basarse en el embellecimiento y mejora del espacio público y en ningún caso por la “urgencia” que dicta la Puerta del Sol.
El COAM insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llegar a un acuerdo entre ambas partes para que “se haga justicia con la sociedad”. Para ello, consideran necesario un cambio estricto de criterios para “garantizar la consecución de un entorno y unos edificios lo más funcionales, sociales y democráticos posible” a través de un concurso abierto de proyectos, similar a lo que ha ocurrido en otros proyectos. . lugares como Huelva, Valencia, Vigo, Jaén, Córdoba, Málaga o Barcelona. A partir de ahí aseguran que “juntos podrían lograr la mejor arquitectura posible”.
El edificio en el que se encarna la Ciudad de la Justicia ha continuado con sus pleitos desde que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, comenzara a declarar el pasado mes de marzo sobre un proyecto que enterró más de 350 millones de euros de dinero público, centrado en la figura de Alfredo Prada. , su mano derecha. Claramente se desconoce qué terminará pasando con el lugar, sin embargo, y hasta entonces persisten las disputas en uno de los edificios más emblemáticos de la capital.
