Un comunicado difundido en la página web oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros indica que el presidente acudirá al país vecino acompañado del jefe del Interior italiano, Matteo Piantedosi, para verificar el estado de ejecución del centro para la recepción inicial de inmigrantes, en Shenjin, así como el centro de detención, en Gjader.
Según lo previsto, la construcción de ambas instalaciones debería haber finalizado este verano, pero el proceso se retrasó por diversos problemas y los últimos informes prevén que estarán operativas a partir del próximo otoño.
El centro, que está situado en el puerto de Shengjin, tendrá un perímetro de aproximadamente 240 metros y una valla exterior de cuatro metros, protegida con alambre de púas, y acogerá a inmigrantes embarcados en el Mediterráneo a bordo de barcos italianos.
En cuanto a la otra estructura en la zona albanesa de Gjader, 20 kilómetros tierra adentro, tendrá una superficie edificable de 77.700 metros cuadrados, destinada a determinar las condiciones de protección internacional y repatriación de inmigrantes que no tienen derecho a entrar y permanecer en Italia.
Las áreas otorgadas por el gobierno albanés de acuerdo con ese protocolo firmado el 6 de noviembre de 2023 entre Meloni y Rama, estarán sujetas a la jurisdicción italiana y Roma correrá con el 100 por ciento de los gastos.
Entre los problemas actuales está la determinación del número de inmigrantes que serán trasladados a Albania, pues aunque el protocolo indica que las estructuras pueden acoger a un máximo de tres mil personas al mismo tiempo, Meloni indicó el propósito de concentrar allí a unas 36. mil por año.
Tras la aprobación por el Senado italiano de esta iniciativa, a mediados de febrero de este año, el legislador Tito Magni, de la Alianza entre los partidos Europa Verde e Izquierda italiana, criticó este acuerdo que costará a las arcas públicas unos 100 millones de euros. por año, por un período de cinco años.
“Viola el principio de no devolución y la aplicación de prácticas de detención ilegítimas”, afirmó Magni, añadiendo que este acuerdo “es histórico sólo porque constituye una violación muy grave de los derechos humanos y sacrifica el sufrimiento de personas reales en el país”. ” altar de la propaganda política”.
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