El Ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la suspensión de la actualización de tarifas de electricidad y gas prevista para mayo para que no impacte la inflación, a través de una carta enviada al Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Así, oficializó la decisión que se conocía desde el 30 de abril, pero que necesitaba del trámite administrativo para su implementación.
“Para consolidar el proceso desinflacionario llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente posponer en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los entes reguladores y los aumentos en el PEST correspondiente a energía eléctrica y PIST en gas”, dice la carta a la que tuvo acceso EconoJournal.
Si estos aumentos no se hubieran suspendido, los usuarios de un hogar N1 (ingresos altos) habrían recibido un aumento del 77% en el precio mayorista de la energía. En tanto, la factura del gas implicó, por ejemplo, que un usuario residencial del segmento 1 (ingresos altos) pasó de pagar US$ 2,79 por millón de BTU en abril a US$ 4,49.
Según explicaron fuentes oficiales citadas por TN, se trata de una “suspensión del ajuste mensual que se iba a reflejar en los nuevos cuadros tarifarios que publicarían el ENRE y el ENARGAS. “Esto busca aligerar la carga sobre la clase media y priorizar el proceso de deflación”.
Con esta decisión, el Gobierno apela a demostrar que el índice de precios mantiene un proceso de desaceleración y se acerca a cumplir su objetivo de un dígito.
Se espera retomar los cronogramas en junio al indicar que los entes reguladores deben proceder “exclusivamente a posponer la aplicación de las actualizaciones establecidas en el mes de mayo”. Es decir, los aumentos sólo impactarían en las facturas que llegarán en julio.
El 1 de mayo, Caputo había dicho que la economía está “fiscalmente cómoda” y por eso “priorizaron bajar la inflación y no cargar más a la clase media con gastos”.
¿Cuánto aumentaron la electricidad y el gas?
En febrero, Energía aplicó un aumento en el precio mayorista del servicio eléctrico y hubo aumentos en las tarifas de hasta 120% para los sectores de mayores ingresos, uno de los componentes de la tarifa total que impactó únicamente a los usuarios residenciales que están catalogados como “ Segmentación de nivel 1” y quiénes renunciaron o no pidieron subsidios energéticos. El sector alcanzado por los cambios definidos en la Resolución 7/2024 firmada por la Secretaría de Energía, representa aproximadamente el 30% del total de hogares.
Desde la cartera energética aseguran que esta medida “no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”. “Heredamos un sistema energético desinvertido, con fondos insuficientes, al borde del colapso y con tarifas congeladas. En 5 meses estamos haciendo una recomposición arancelaria histórica y acortando la brecha para que las tarifas reflejen el costo de la oferta”, señalaron.
