Mañana 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, la conmemoración del movimiento obrero mundial en la que se celebran logros sociales y laborales, comenzando por la limitación de la jornada laboral a ocho horas, y se proclaman demandas a favor de las clases trabajadoras. Todo ello en el marco de manifestaciones callejeras más festivas que protestantes.
En Bolivia, los festejos de ese día también sirven para que el Gobierno oficialice -mediante la promulgación del decreto correspondiente- el aumento salarial anual. El reglamento “definirá las formas de pago, quién recibe el aumento, cómo llega el aumento”, explicó el viernes el ministro de Trabajo, según reporte de Brújula Digital.
Esto ha sucedido durante décadas, con ligeras variaciones, en un contexto donde el trabajo informal –sin estabilidad laboral ni beneficios sociales– alcanza cada año mayores proporciones y, al mismo tiempo, las condiciones de seguridad y salud en los entornos laborales empeoran.
Ambos aspectos parecen ausentes de las preocupaciones tanto del Gobierno, que dice ser “del pueblo”, como de la Central Obrera Boliviana (COB), convertida desde hace más de cinco años en una “organización social” cuya incondicional afinidad con el oficialismo desacredita su representatividad.
Y son algo de qué preocuparse, como destacó el año pasado el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos.
En Bolivia, señaló entonces ese alto funcionario, “la incidencia de muertes relacionadas con el trabajo es superior a la registrada en las Américas (24,9 muertes por cada 100.000 habitantes mayores de 15 años versus 22,3 en la región), y es preocupante que miles de todavía muere gente cada año”.
Los datos sobre esta triste variable no son muy precisos “si consideramos además que Bolivia tiene una altísima proporción de trabajo informal, con serios déficits en la calidad del empleo y en la protección de los trabajadores”.
“Según datos del último informe de la OIT, la tasa de informalidad en Bolivia alcanzó el 80 por ciento en 2022, es decir, casi 8 de cada 10 personas trabajan en esa condición”, agregó el funcionario internacional.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre las formas más convenientes de adaptarse a esos cambios. Esto, en el marco de las relaciones obrero-patronales, la representatividad y rol de los sindicatos –en el caso de los trabajadores formales-, y la definición de estrategias para extender los derechos laborales a los trabajadores informales e incluirlos, a cambio, en el universo de contribuyentes. .
