En un paso audaz hacia la reestructuración del sistema de transporte de gas en Colombia, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) publicó para comentarios una propuesta que promete revolucionar la distribución y el costo del gas natural en todo el territorio nacional.
Según documentos divulgados recientemente, este plan, respaldado por un estudio de la Universidad de los Andes e impulsado por la empresa Vanti, plantea la unificación de los tramos regulados de los sistemas de transporte de TGI y Promigas, ambas filiales del Grupo Energía de Bogotá. (GEB). esta fusion propone establecer una tasa uniforme a nivel nacionallo que, según los cálculos presentados, podría reducir el precio del gas hasta un 23%.
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La mecánica de esta integración recomienda que los costes tradicionalmente asociados a la distancia recorrida por el gas entre los puntos de producción y consumo serían sustituidos por una tarifa única, conocida como “timbre”.
“La implementación de una tasa de timbre a nivel nacional implicaría importantes ahorros en el precio final del gas”, argumenta la propuesta. En detalle, El costo fijo de transporte sería de $4,383 por 1,000 pies cúbicos en las regiones costeras y $10,038 en el interior. con un promedio ponderado de $7,771 al incorporar todos los sistemas a nivel nacional.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de polémica. La Contraloría General de la República (CGR) expresó importantes preocupaciones sobre la validez de los beneficios proyectados y la sostenibilidad a largo plazo del plan.
“Es posible que se estén sobreestimando los beneficios”señaló la CGR al referirse específicamente a los cálculos de tarifas de transporte inferiores a las actuales en la Costa Caribe, y advierte sobre un potencial panorama de déficit de gas en el mediano plazo, especialmente crítico para las regiones costeras.
Además, el documento de la Creg no aborda completamente quiénes se beneficiarían y quiénes resultarían perjudicados por esta medida.
Con ello, surgen interrogantes sobre el impacto en las tarifas, la capacidad de pago de los usuarios, el posible desplazamiento de industrias de la costa al interior y una potencial reducción de la demanda industrial por un cambio en la competitividad del gas natural frente a otros energéticos. Este enfoque generalizado ha generado un debate sobre la equidad de la propuesta, ya que “Serán los estratos bajos de la región del Caribe los que se verán afectados”, según críticas planteadas por Carlos Mario Zuluaga.
A pesar de estas preocupaciones, se argumenta que el método de tarifa plana permitiría que el gas producido en el interior, donde el coste es menor, se transportara eficientemente a la costa.
Este cambio podría ser particularmente relevante dado el deteriorado estado de los yacimientos de gas del Caribe ante un aumento de la producción en el centro del país. “La iniciativa del método estampado permitiría que ese gas del interior llegue también hasta allí”Se enfatiza, lo que plantea un escenario donde menores costos podrían aliviar futuras condiciones de escasez o altos aranceles en las regiones costeras.
El estudio de la Universidad de los Andes, base de esta propuesta, supone un escenario de excedente de gas que favorecería la competencia entre productores y, en consecuencia, el ahorro de precios para el consumidor final.
Sin embargo, esta premisa ha sido cuestionada por la Contraloría, que destaca la importancia de considerar el posible déficit de gas en el mediano plazo y el impacto de esta iniciativa en las reservas nacionales de gas, proyectadas para los próximos 7,2 años bajo un ritmo de producción constante.
La discusión en torno a esta propuesta de agregación de tramos regulados deja en evidencia la complejidad y diversos aspectos que involucra la regulación del mercado de gas natural en Colombia. Si bien la Creg y los proponentes de la iniciativa destacan los beneficios potenciales en términos de reducción de precios y eficiencia de distribución, Entidades como la CGR instan a una evaluación crítica de las proyecciones de oferta y demanda, así como de las consecuencias económicas y sociales para los distintos sectores de la población.
“Más preguntas que respuestas…” concluye la reflexión sobre esta propuesta, recordando a la población y entidades interesadas que el documento permanece abierto a comentarios y que el debate y la participación son cruciales antes de tomar decisiones definitivas sobre el futuro energético. del país.
