La Fiscalía española presentó un recurso de apelación contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, a petición de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en informes de prensa. El Ministerio Público renuncia a recurrir la apertura de la causa ante el propio juzgado y salta directamente al filtro de la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo de la causa. La Fiscalía entiende que la denuncia de Manos Limpias no aporta ningún elemento que justifique la apertura de una causa penal.
El juzgado hizo pública ayer la admisión a trámite de la querella del pseudosindicato de Miguel Bernad contra Begoña Gómez, abriendo diligencias que declaró secretas y llamando a declarar en las próximas semanas a los periodistas que firmaron el escrito que cimenta la demanda. Información sobre la actividad profesional de Gómez en el Centro África de la Universidad Internacional cuya veracidad, reconoció la propia organización denunciante, no fue comprobada.
La Fiscalía, tras recibir el auto de apertura de diligencias del magistrado, optó por recurrir la apertura de diligencias y, en la práctica, solicitar el archivo del caso. No optó por recurrir el auto ante el propio juzgado sino que acudió directamente al órgano superior, la Audiencia Provincial de Madrid, encargado de supervisar y resolver los recursos del proceso judicial.
La existencia de este proceso judicial se trasladó al terreno político con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un plazo de cinco días para decidir si permanece en el cargo o dimite. tras lo que define como una “campaña de acoso” por parte de la derecha y la extrema derecha contra él y su familia. La reacción del PP, tras meses de utilizar la misma información que ha denunciado Manos Limpias para cargar contra Gómez, ha sido acusar a Sánchez de victimizarse y, en palabras de su líder Alberto Núñez Feijóo, de querer gobernar por “compasión”. .”
Las acusaciones de Manos Limpas giran en torno a las cartas que firmó Gómez, en representación de la universidad privada para la que trabaja, recomendando una UTE (unión temporal de empresas) en un proceso de adjudicación pública que finalmente obtuvo. Cartas idénticas a las que presentó en ese mismo proceso, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, que en el caso de Gómez el pseudosindicato califica como una “tarjeta mágica” en su denuncia.
La denuncia también señala, sin ningún matiz, una noticia falsa publicada hace unos días por el digital El Objetivo. Una noticia en la que el titular afirmaba que el ejecutivo ocultaba los datos de una subvención concedida a Begoña Gómez, ilustrada con una fotografía de la esposa del presidente del Gobierno. La subvención, en realidad, había sido concedida a una empresaria de Cantabria del sector hotelero del mismo nombre. Medios como Telemadrid dieron marcha atrás y reconocieron que habían difundido el rumor sin verificar su contenido.
Son “solo” recortes de prensa
En las últimas horas, la propia organización Manos Limpias reconoció en un comunicado que su denuncia se basa exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación y que no aporta ningún tipo de prueba adicional. “Será ahora el juez quien deberá verificar si dicha información periodística es cierta o no”, dijo Miguel Bernad en un comunicado remitido esta mañana a los medios.
Manos Limpias, un sindicato autoproclamado, lleva más de una década promoviendo acciones criminales contra líderes políticos, así como jueces y fiscales, con pocas de sus denuncias y denuncias pasan el primer filtro de admisión judicial a trámite. Ellos fueron los artífices de la querella que, por ejemplo, llevó al tribunal al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, un caso que acabó en absolución. También impulsaron la acusación popular contra la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, rechazando los tribunales su teoría y condenando a la hermana del rey como responsable del lucro tal y como pedía la Fiscalía.
En 2016, el propio Miguel Bernad pasó ocho meses en prisión provisional acusado de formar parte de un tándem extorsionador con Ausbanc, cargos de los que finalmente fue absuelto. La Corte Suprema determinó que no podían ser condenados por extorsión.
