Este miércoles el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, atendiendo a una denuncia presentada por el “sindicato” Manos Limpias, basado en varios artículos periodísticos, uno de ellos confirmado como un bulo. Todo esto ha provocado una posible dimisión del presidente del país, Pedro Sánchez, pero ¿quién es la persona que la inició? ¿Quién es el juez que ha abierto estos procedimientos?
El magistrado no es otro que Juan Carlos Peinadotitular del Juzgado 41 de los juzgados de Plaza Castilla. Un juez que no es desconocido para los medios ya que ha presidido varios casos polémicos por acusaciones contra periodistas, contra futbolistas y otras denuncias presentadas por Manos Liminas.
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El caso más conocido de Peinado se produjo en 2019. En aquel momento, el magistrado tomó la decisión de llamar a declarar como investigados a periodistas de ocho destacados medios de comunicación de España, entre ellos El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVEpor un presunto delito de revelación de secretos, por haber filtrado información, que se encontraba bajo secreto de sumario, sobre la detención de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
La polémica surgió dado que, en el momento de la difusión de estos datos, que incluían detalles de importancia pública como reuniones secretas y planes de subversión, el sumario dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estaba bajo secreto de sumario. No fue hasta semanas después que se levantó este secreto, permitiendo una mayor divulgación de información sobre las actividades del grupo acusado de terrorismo. El pedido de investigar a los periodistas surgió de un pedido de las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional, que exigieron una investigación sobre el origen de las filtraciones.
Estas filtraciones revelaron reuniones y comunicaciones sensibles entre los investigados y figuras políticas importantes, como un “reunión secreta in itinere” el 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemontcon el objetivo de transferir documentación y establecer un canal seguro de comunicación con el entonces presidente, Quim Torra. Además, esta información incluía la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que sugería la orquestación de un asalto a la Parlamento de Cataluña en un intento de alterar el orden constitucional.
Sin embargo, el caso no llegó muy lejos, ya que afectó principalmente a funcionarios. Su obligación es proteger la información que manejan, mientras que los periodistas, por su parte, tienen la obligación de publicarlo si es verdadero y de interés público, por lo que este último no pudo ser acusado.
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Esta última no es la primera vez que Peinado abre expediente por denuncia de Manos Limpias, ya que en 2015 fue quien llevó la causa contra los concejales madrileños. Pablo Soto (Ahora Madrid) y Guillermo Zapata (Vamos) por algunos tuits ofensivos contra otros políticos, como el exalcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón.
Manos Limpias presentó su denuncia alegando que los concejales habían cometido posibles delitos de provocación a la discriminación y al odio por motivos racistas, xenófobos y antisemitas, y delitos de calumnia y calumnia. También consideraron que habían incitado en redes sociales “odiar” y “al racismo” y que habían insultado el honor de la gente.
El recurso acabó siendo desestimado por la Audiencia Provincial, ya que vulneraba el principio de legalidad, dado que ya había un caso similar pendiente en la Audiencia Nacional. Además, la organización demandante quedó obligada a pagar las costas procesales, señalando la acción “imprudente o malicioso” presentar acciones judiciales paralelas en diferentes tribunales con argumentos contradictorios.
Ya en aquel momento Ahora Madrid emitió un comunicado criticando el uso “abusivo y mediático” de recursos judiciales por Manos limpias y destacando la redundancia de las acciones del “sindicato” al intentar abrir otro proceso judicial contra él en Segovia, que también fue sobreseído para evitar juicios paralelos.
Otro de los reveses que ha sufrido Peinado fue la investigación que realizó contra Raúl González Blanco, exfutbolista del Real Madrid. El deportista fue acusado de supuestamente haber vaciado una de sus empresas para evitar pagar una deuda de más de 7 millones de euros que le exigía otra empresa.
El juez de los Juzgados de Plaza Castilla tenía intención de archivar la causa, pero la Audiencia Provincial le dio un toque de atención obligándole a continuar con ella. En ese momento, el alto tribunal llegó censurar al magistradoseñalando que no le correspondía pronunciarse sobre la perpetración de hechos delictivos.
