La regulación, que entró en vigor en 2022, cambió la definición de arma de fuego según la ley federal para incluir piezas sin terminar, como el marco de una pistola o el receptor de un arma larga, para que puedan rastrearse más fácilmente. Esas piezas deben tener licencia e incluir números de serie. Los fabricantes también deben realizar verificaciones de antecedentes antes de una venta, como lo hacen con otras armas de fuego fabricadas comercialmente.
El requisito se aplica independientemente de cómo se fabricó el arma de fuego, lo que significa que incluye pistolas fantasma fabricadas a partir de piezas o kits individuales o mediante impresoras 3D. La norma no prohíbe a las personas comprar un kit o cualquier tipo de arma de fuego.
El Departamento de Justicia había dicho al tribunal que las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley incautaron más de 19.000 armas fantasma en escenas de crímenes en 2021, un aumento de más de diez veces en solo cinco años.
El juez federal de distrito Reed O’Connor, en Fort Worth, Texas, anuló la norma el año pasado, concluyendo que excedía la autoridad de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. O’Connor escribió que la definición de arma de fuego en la ley federal no cubre todas las partes de un arma. El Congreso podría cambiar la ley, escribió.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, compuesto por tres personas designadas por el entonces presidente Donald Trump, confirmó en gran medida el fallo de O’Connor.
La Corte Suprema permitió que las regulaciones siguieran vigentes mientras continúa la demanda. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para formar la mayoría. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas habrían mantenido la regulación en suspenso durante el proceso de apelación.
Barrett, Gorsuch y Kavanaugh fueron designados por Trump.
Las discusiones no tendrán lugar antes del otoño.
