(Bloomberg) – Venezuela planea recurrir a una empresa poco conocida para hacerse cargo de campos e instalaciones clave de petróleo y gas que alguna vez fueron operados por ConocoPhillips mientras Estados Unidos vuelve a imponer sanciones.
La firma venezolana A&B Investments se asociará con Petróleos de Venezuela para operar campos de petróleo pesado en la Faja del Orinoco y una instalación de procesamiento asociada, según personas familiarizadas con las negociaciones que pidieron no ser identificadas porque las discusiones están en curso.
El acuerdo se anunció poco antes de la fecha límite para la expiración del alivio de las sanciones estadounidenses. Las restricciones cerrarán la puerta a los jugadores que quieran ingresar al país sudamericano y podrían marcar el comienzo de un regreso a las restricciones de la era Trump sobre las actividades petroleras de PDVSA.
La administración Biden ha reiterado su postura de que el presidente Nicolás Maduro no ha cumplido los compromisos alcanzados en octubre en materia de condiciones democráticas para las elecciones presidenciales del 28 de julio, incluido permitir que todos los candidatos se presenten.
La nueva empresa conjunta se llamará Roraima, que es el nombre de un estado brasileño. Una empresa brasileña está detrás del financiamiento, dijeron dos de las personas, sin revelar detalles.
El empresario venezolano Jorge Silva Cardona, que dirige A&B, tiene un historial de hacer negocios con la firma brasileña J&F Investimentos SA, el holding de la multimillonaria familia Batista propietaria del mayor productor de carne del mundo, JBS SA.
Silva es un “representante comercial” de J&F y ofrece “oportunidades de inversión para que el grupo y los accionistas las evalúen en Venezuela”, según J&F. J&F dijo el miércoles que ninguno de sus accionistas “tiene compromisos en Venezuela” y que continúa evaluando oportunidades en toda la región.
Silva no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que PDVSA declinó hacer comentarios.
Se espera que Roraima se haga cargo de los activos de Petro San Félix, incluido un puerto, que el fallecido presidente Hugo Chávez expropió a ConocoPhillips en 2007. Sus campos y su mejorador cayeron posteriormente en mal estado después de que el país sufriera un colapso económico y quedara bajo sanciones de Estados Unidos.
El plan de A&B apunta a una producción de 90.000 bpd en dos años y exige inversiones de 600 millones de dólares para el mejorador. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el martes, aunque las autoridades de PDVSA aún no han firmado los términos del acuerdo.
