Rodrigo Rato y Donald Trump: comportamientos paralelos

Rodrigo Rato y Donald Trump: comportamientos paralelos
Rodrigo Rato y Donald Trump: comportamientos paralelos

El comportamiento de Rodrigo Rato ante el tribunal que lo juzga por varios presuntos delitos de carácter económico reprodujo el de Donald Trump en los tribunales estadounidenses durante el último año. Rato, al igual que Trump, considera que se trata de una “caza de brujas” urdida por el Ministerio Público y la Fiscalía del Estado, resultado de una investigación inquisitorial claramente incompatible con las garantías constitucionales en el proceso penal.

No hay duda de que el órgano judicial debe permitir al acusado ejercer al máximo su derecho a la defensa. Esta amplitud máxima se extiende no a decir mentiras, sino a no decir la verdad. Esconderse detrás del silencio o de verdades a medias.

Pero el derecho a la defensa no incluye el derecho a la agresión o la amenaza. En caso de que el imputado haga un uso desviado del derecho de defensa, el órgano judicial tiene la obligación de impedir que el imputado continúe haciéndolo.

En Estados Unidos, varios jueces han aprobado decisiones con el objetivo de evitar que Donald Trump amenace a testigos, familiares del juez y miembros del jurado. Se han negado a aceptar el argumento de Trump de que está utilizando la Primera Enmienda y que el juez está limitando inconstitucionalmente su derecho a la defensa. Siguen vigentes varias órdenes que exigen que Trump mantenga la boca cerrada con respecto a determinadas personas.

En España, por el contrario, el presidente del tribunal que lo juzga está permitiendo que Rodrigo Rato se exprese en términos que no encajan con el ejercicio del derecho a la defensa, sino que forman parte del uso abusivo de dicho derecho. . Lo que se le está permitiendo a Rodrigo Rato no se le permite a nadie.

¿Habría permitido el presidente del tribunal que algún otro ciudadano se dirigiera al representante del Ministerio Público como lo hizo Rodrigo Rato hace unos días? ¿Se puede dar un trato privilegiado a alguien que ya ha tenido una posición privilegiada a lo largo de su vida, de la que, presumiblemente, ha hecho un uso desviado?

Rodrigo Rato, al igual que Donald Trump, pertenece a ese tipo de personas que no tolera que su conducta, por presuntamente delictiva que sea, pueda ser objeto de investigación. Lo consideran un insulto. Parece que creen que no son exclusivamente portadores de la presunción de inocencia, que no es una presunción. iuris y de iurepero una presunción iuris tantum, de lo cual se admite prueba en contrario. Se consideran portadores de la insusceptibilidad de que dicha presunción de inocencia pueda ser cuestionada mediante la acumulación de pruebas que la destruyan. Parece que consideran criminal la conducta del representante del Ministerio Público al intentar recabar pruebas de la actividad presuntamente delictiva de alguien que siempre ha sido considerado intocable. De ahí su forma de dirigirse a ella, como si se hubieran cambiado las tornas y no fuera el fiscal quien tuviera que explicarle por qué ella se comporta así. ¿Cómo te atreves a investigarme? Hasta ahí pueden llegar los chistes.

El prestigio de la justicia depende también de que jueces, magistrados y fiscales se dirijan de manera igualitaria a los ciudadanos cuya conducta tienen que afrontar. El trato que está recibiendo Rodrigo Rato representa una vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley por parte de los miembros del tribunal, lo que sólo puede provocar indignación entre quienes nos toca soportarlo.

El prestigio se gana, entre otras cosas, poniendo en su lugar a personas como Donald Trump y Rodrigo Rato.

El comportamiento de Rodrigo Rato ante el tribunal que lo juzga por varios presuntos delitos de carácter económico reprodujo el de Donald Trump en los tribunales estadounidenses durante el último año. Rato, al igual que Trump, considera que se trata de una “caza de brujas” urdida por el Ministerio Público y la Fiscalía del Estado, resultado de una investigación inquisitorial claramente incompatible con las garantías constitucionales en el proceso penal.

No hay duda de que el órgano judicial debe permitir al acusado ejercer al máximo su derecho a la defensa. Esta amplitud máxima se extiende no a decir mentiras, sino a no decir la verdad. Esconderse detrás del silencio o de verdades a medias.

 
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