La violencia que asedia a los equipos de salud

Los ataques al personal médico son una de las mayores violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, como lo demuestran cifras y casos recientes. El 16 de abril, hombres armados detuvieron una ambulancia que se desplazaba, junto con otros vehículos, en la vía que conecta la población rural de La Unión Peneya con el municipio de La Montañita, en el departamento de Caquetá. Los subversivos obligaron a bajarse a los ocupantes y pegaron panfletos alusivos al Frente Rodrigo Cadete en las puertas del vehículo, que transportaba muestras de laboratorio al hospital departamental María Inmaculada de Florencia. “Los invitamos a sumarse a nuestras filas guerrilleras”, decían los carteles de esa estructura, que forma parte de las disidencias de las ex Farc agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC).

Ese día el vehículo no transportaba a ninguno de los pacientes que frecuentemente requieren traslados desde zonas de difícil acceso para recibir atención médica más compleja. Sin embargo, la gerente del centro hospitalario, Cindy Tatiana Vargas, advierte que lo sucedido afecta la prestación de los servicios. “Afecta mucho porque asusta al personal de salud que va a las zonas rurales. “Hace años que no se ven este tipo de situaciones, ni ataques a la misión médica y eso hace que sea más complicado que el personal quiera o pueda viajar”, ​​explica en conversación con EL PAÍS.

La Unión Peneya conoce bien los sufrimientos del conflicto. Hace 20 años, cerca de 3.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares y tierras debido a enfrentamientos entre grupos armados que se disputaban el negocio de la coca. Desafiando las cicatrices del desplazamiento, los residentes regresaron en 2007. Dos años más tarde, la comunidad recibió el Premio Nacional de la Paz por la resiliencia que representó la hazaña del regreso.

Pero los fantasmas de la guerra siguen apareciendo. Esta vez con la interceptación de la ambulancia, hecho que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, calificó como una clara violación al DIH. “Esta agresión contraviene gravemente las normas rectoras del derecho internacional humanitario, que establece una protección especial a las personas y bienes civiles, así como a quienes realizan misiones humanitarias y médicas a favor de la población civil”, afirmó el funcionario.

Dos días después de la detención de la ambulancia, a unos 900 kilómetros de ese lugar, un hombre irrumpió en un consultorio privado del edificio de la Clínica Medellín, en el exclusivo barrio El Poblado de la capital antioqueña. El sujeto, identificado como Jhon Ferney Cano, mató a tiros al urólogo Juan Guillermo Aristizábal, de 58 años, e hirió a su asistente. Luego se atrincheró en una oficina a la que prendió fuego. Cuando la policía logró entrar por la fuerza, estaba muerto, con el arma a su lado.

El Ministerio de Salud y Protección Social instó a las autoridades a actuar para que crímenes como el del doctor Aristizábal no se repitan ni queden impunes. “El personal de salud juega un papel crucial en la protección y preservación de la vida de las personas, y es inaceptable que sean objeto de violencia y agresiones en el ejercicio de su noble labor (…) es imperativo que se implementen medidas efectivas para garantizar su protección y seguridad en Medellín y en todo el país”, destacó la entidad en un comunicado.

Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2023 fue uno de los periodos con más ataques violentos contra equipos de salud en Colombia, en los últimos seis años, con 511 casos, cinco veces más que los reportados en 2018. . El 27% de ellos estaban relacionados con el conflicto armado. El resto fueron ataques de distintos actores, incluidos pacientes, contra talento humano, ambulancias o instituciones. La mayoría fueron contra la vida e integridad del personal de salud e impactaron a asistentes, médicos, enfermería, psicología, profesionales de la odontología, conductores de ambulancias y equipos de salud pública, quienes sufrieron las consecuencias físicas y emocionales, señala el informe del CICR.

La intensidad de la violencia se refleja en el asesinato de nueve personas el año pasado. Cinco de ellos eran curanderos tradicionales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. “Esta pérdida no sólo priva a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de los conocimientos ancestrales de quienes las cuidan desde una perspectiva cultural, sino que también pone en riesgo la supervivencia de poblaciones que ya no tienen la primera respuesta que, en ocasiones, les supone. es la única asistencia sanitaria disponible en sus territorios”, advierte el documento de la organización humanitaria.

Los profesionales y trabajadores de la salud no sólo soportan el estrés de turnos aparentemente interminables. Muchos lo hacen en condiciones precarias y bajo ansiedad en zonas con presencia de grupos armados. La primera experiencia laboral de Alejandra*, una médica de 27 años que prestaba servicio social obligatorio en Barranca de Upía (Meta), estuvo marcada por una noche de violencia. El puesto de salud donde trabajaba se convirtió en escenario de un motín cuando una turba de atacantes acudió a asesinar a un herido que estaba siendo atendido en urgencias. Médicos y enfermeras tuvieron que esconderse para proteger sus vidas en medio de gritos y destrucción material.

“Inicialmente el ataque no iba dirigido a la misión médica, pero se salió de control y querían atacarnos. Nuestro delito fue intentar salvaguardar la vida del paciente”, afirma la joven. Luego de una noche de pánico a la que sobrevivieron, ella y su compañera de turno comenzaron a recibir amenazas, acusándolas de ayudar a un presunto paramilitar. “Parte de mi terapia fue darme cuenta de que no he sido la primera persona, ni la última, lamentablemente, a la que le ha pasado algo así. El impacto fue muy negativo. Sentimos que el Estado nos abandonó”, lamenta.

Las intimidaciones le impidieron realizar el servicio social, requisito para obtener su tarjeta profesional y buscar un trabajo que le permitiera pagar sus deudas de estudios. Sólo después de varios intentos se le eximió de su exigencia. “Nos revictimizaban cada día, y eso nos generaba estrés y ansiedad. Seguimos bajo control psiquiátrico y es por todo lo que nos tocó vivir durante y después del ataque”, afirma. Según el CICR, el 86% de los profesionales que participan en su programa de salud mental para el personal de salud víctima de violencia presentan niveles preocupantes de sufrimiento psicológico, síntomas de ansiedad, dificultades cognitivas e irritabilidad, “además del sufrimiento individual causado por una limitación en su capacidad para cuidar de los demás”.

La Junta Nacional de Misiones Médicas, entidad liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ha enfatizado que cualquier acto violento contra el personal médico, sin importar la causa o quién lo cometa, perjudica a quienes se dedican a cuidar a otras personas. y deja sin asistencia a usuarios y comunidades cuya salud depende de los profesionales agredidos.

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