(CNN Español) — El Gobierno de Argentina anunció este miércoles que las empresas de medicina prepaga deberán retroceder sus tarifas a los valores de diciembre de 2023 y sus aumentos estarán ligados a la inflación. ¿Se devolverá el dinero a los clientes?
En su habitual rueda de prensa, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que “un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados”, debe retrotraer el valor de sus tarifas a diciembre de 2023, y que se actualizará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La decisión se produce tras la publicación de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que señala “múltiples indicios de un acuerdo colusorio entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, es decir, cartelización. Para el gobierno, este presunto consenso condujo a un aumento “casi uniforme” de los precios.
El ejecutivo estima que las empresas han fijado aumentos en torno al 150% desde diciembre de 2023, cuando las tasas de inflación rondaban el 70%. Ante este panorama, el Ministerio de Industria y Comercio determinó que los proveedores alcanzados deben disminuir en el valor de sus servicios.
A partir de ahora y durante seis meses, las cuotas de los planes de salud no podrán superar los valores que tenían en diciembre más la variación inflacionaria, y los aumentos mensuales no podrán ser mayores al IPC.
El oficialismo espera que la inflación de abril ronde el 10%, por lo que con esta medida calcula que los aranceles se reducirán un 33%.
La decisión del gobierno también impide a las empresas intercambiar información sobre diferentes temas, como precios, costos y servicios a prestar. También les exige brindar detalles sobre los planes que ofrecen, su número de afiliados, sus ingresos y sus actualizaciones de cuotas a diciembre de 2023 a la CNDC.
Si esta investigación confirma que hubo acciones contra la competencia, las empresas podrán recibir multas de hasta el 30% de su facturación.
Las entidades alcanzadas por este proceso son: Galeno, Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires, Asociación Civil Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE; la Unión Argentina de la Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, actual presidente de Médica Suiza y expresidente de la UAS.
Días atrás, Belocopitt defendió la actualización de cuotas en una entrevista con LN+, donde sostuvo que los valores estaban detrás de los aumentos en la estructura de costos, y atribuyó que es un fenómeno común a todos los sectores de la economía.
“No veo que los empresarios de otras industrias sean retratados como demonios, y no veo que esas industrias hayan aumentado menos que la salud”, dijo.
Del mismo modo, se defendió de las acusaciones de cartelización en el sector.
“Todos tienen el mismo producto y el mismo ritmo de actualización desde hace 18 años, pero el rango de diferencias de precios, lo que demuestra que no hay cartelización, es enorme”, aseguró.
Todas estas decisiones pueden ser apeladas, pero eso no impediría su aplicación. Desde el sector de la medicina prepaga dijeron a CNN que están estudiando los documentos para definir sus próximos pasos.
¿Habrá un reembolso para los clientes?
El hecho de que las cuotas vuelvan a los valores de diciembre no implica necesariamente que los clientes recuperen lo pagado en los últimos meses.
El Ministerio de Industria y Comercio aclaró que la devolución de los aumentos no está en sus competencias, pero otro organismo, la Superintendencia de Servicios de Salud, avanzó con acciones al respecto.
Este miércoles pidió al juzgado una medida cautelar para frenar “la actitud abusiva” de las empresas hacia los usuarios, anular los “incrementos excesivos” y ordenar la “devolución de las sumas que se hayan percibido indebidamente”. El documento está dirigido a 16 entidades de medicina prepaga.
Tras la presentación de este recurso de amparo, el poder judicial deberá determinar si da curso o no al pedido, aunque una fuente del sistema privado de salud consultada por CNN adelantó que no cuentan con los recursos para atender estas devoluciones.
El DNU de Milei, el primer dominó
El sector de la medicina prepaga quedó facultado para incrementar sus tarifas libremente a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.
En ese momento, la medida había sido celebrada por Claudio Belocopitt, quien presidía la Unión Argentina de la Salud (UAS), que agrupa a las empresas del sector, y hoy, curiosamente, es el principal objetivo del gobierno en este conflicto.
En ese contexto, el empresario renunció a su cargo en la UAS el pasado martes.
La encrucijada en la que quedó atrapada la administración Milei le valió críticas de la oposición, señalando que tuvo que intervenir en los precios prepagos pese a defender con uñas y dientes la libertad de mercado.
“En sus cuatro meses de pasantía para probar el marco teórico más dañino del planeta, Milei ya descubrió que el mercado prepago no se regula solo. A ver si hace lo mismo con la gasolina, como prometió en campaña”, expresó a través de
Otro de los opositores que apuntó contra el gobierno fue el exsecretario de Comercio y excandidato presidencial, Guillermo Moreno, quien en entrevista con Blender dijo que la situación representa “un golpe, un gancho al hígado para el gobierno”.
La posición del sector
La polémica por los importantes aumentos en el área de la medicina prepaga cobró relevancia a lo largo de 2024, y alcanzó su punto máximo cuando el propio gobierno puso la mira en el sector.
“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de X el 8 de abril.
En ese sentido, el propio Javier Milei “reposteó” una publicación de la misma red social que acusaba a Claudio Belocopitt de ser el responsable directo de los aumentos de precios.
Tras el anuncio de las medidas, ni las empresas de medicina prepaga ni el Sindicato Argentino de la Salud se expresaron oficialmente.
Sin embargo, una fuente del sistema privado de salud dijo a CNN que en el sector estaban “sorprendidos” por la medida, negaron las acusaciones de cartelización y sostuvieron que consideran “absurdo” ser calificados de formadores de precios.
Atribuyeron los aumentos de las tarifas a que las actualizaciones hasta 2023 habían sido muy inferiores al nivel inflacionario.
Según explicaron, durante el año pasado los aumentos en sus tarifas rondaron el 134%, contra una inflación del 227% en el sector salud, y del 211,4% a nivel general. Esto, aclaran, sin tomar en cuenta lo ocurrido en años anteriores, ni el aumento de costos claves como medicamentos y pagos a prestadores de servicios.
También sostuvieron que los aumentos que cada empresa aplicó a sus tarifas no fueron uniformes, y que las similitudes denunciadas por el gobierno se deben a la existencia del Programa Médico Obligatorio que todas ellas están obligadas a cubrir por ley.
En ese sentido, la fuente consultada agregó que las empresas se encuentran en una “situación de colapso”, a la que se llegó debido a la “hiperregulación del sector”, aumentos de costos clave y el “estrangulamiento” de sus ingresos.
Finalmente, advirtió que si el Gobierno o la justicia no revocan las medidas, el sector entrará en una “crisis terminal” y que “el sistema de prestaciones quebrará”.
