Por el Dr. Felipe Muñoz Schwarz, Vicepresidente de la Federación Médica de Chile
Como una federación que agrupa las asociaciones de salud privadas, hemos sido categóricos en los que se establecen sanciones y modelos de persecución a todos aquellos que se dedican a la emisión fraudulenta de licencias médicas. Las consecuencias que derivan de estas prácticas dañan gravemente el sistema de salud y reducen la asignación correcta de recursos para los pacientes que más lo necesitan. Sin embargo, vemos con gran preocupación que la forma en que se lleva a cabo este procedimiento no es adecuado.
Nuestra posición no es contraria a la inspección y sanción de quienes violan el sistema, pero esto no puede obstaculizar el trabajo médico o limitar la indicación del resto de los pacientes que lo requieren. Es imperativo tener un proceso que garantice condiciones mínimas para la investigación, lo que implica criterios claros, conocidos y aceptados por las partes, notificación oportuna, posibilidad de apelación acelerada en plazos adecuados y conocimiento de resoluciones de manera transparente.
Hace unas semanas, nuestra federación dio cuenta pública de las repercusiones que traería la modificación a la ley 20,585, lo que indica medidas que fueron un conjunto y sanciones sin garantía de un proceso justo, violando el derecho al resto de los pacientes, retrasando los procesos de pago de los subsidios de discapacidad laboral, obstaculizando la práctica médica y favoreciendo a las compañías de seguros.
Hoy, como gremio, consideramos que instamos a una discusión que incluya reformas estructurales de las licencias médicas y los subsidios de discapacidad laboral, centrándose en la persecución y la sanción de los profesionales que extienden licencias médicas fraudulentas. Hay consenso con el Medical College of Chile en la visión de esta reforma, lo que nos motiva a actuar como un Gremio Unido. Por ahora, confirmamos nuestra voluntad de participar en cualquier caso de discusión sobre el tema.
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