La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que la presentación incluyó 94 artículos, de los cuales 36 fueron aprobados sin cambios, 39 puntos tuvieron propuesta o modificación, 23 que fueron eliminados y seis nuevos que se agregaron.
Lea también: Reforma laboral está por aprobarse en la Cámara
el aprobado
El primer bloque de artículos que se aprobó fue: 34, que establece un contrato agrícola; y 35, que crea un salario diario para los trabajadores agrícolas. Asimismo, el punto 43, lo que indica que las empresas con atención de emergencias y trabajos forestales deberán tener el 50% de su nómina cubierta con víctimas de la violencia o residentes del municipio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
El artículo 43 tuvo un cambio en el que se aprobó que si no hay personal víctima de violencia, entonces la empresa puede buscar a estos trabajadores en municipios aledaños.
El artículo 35 crea el salario agrícola para remunerar los contratos agrícolas. Esto tuvo un cambio en el primer párrafo: “En ningún caso el jornal agrícola será inferior al salario mínimo legal vigente o al pactado en convención colectiva y el factor de beneficios no podrá ser inferior al 30% de dicho monto”.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 35 que crea el contrato de trabajo agrícola. Al respecto, el diputado Juan Carlos Vargas sostuvo que es pertinente por las realidades que se viven en el campo colombiano y donde no corresponde avanzar en otras modalidades contractuales que existen.
Por otro lado, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, sostuvo que el nivel de informalidad en el sector rural alcanza el 86% y, en su opinión, esta iniciativa podría empeorar dicho indicador.
Los contratos sindicales están terminando
Otro de los artículos que se vio fue el número 81, que habla de eliminar los contratos sindicales. Además, tuvo luz verde el artículo 80, que menciona los convenios colectivos.
La portavoz representativa, María Fernanda Carrascal, sostuvo que los contratos sindicales han sido utilizados para desincentivar la sindicalización y, además, no pagar prestaciones sociales. Agregó que el 97% de los contratos sindicales son en el sector salud. “Ellos (los empleados del sector salud) deben ser contratados a través del IPS, no pueden seguir siendo contratos de prestación de servicios ni con contratos sindicales”.
La oposición no se quedó atrás y también se expresó en contra de la iniciativa. El diputado Andrés Forero reconoció que hay empresarios que han abusado de esta figura, pero, “este mal uso no tiene por qué acabar con esta figura que ayuda a empoderar a 25.000 trabajadores que están bajo esta modalidad”.
