El Gobierno Nacional informó este lunes que dejará de pagar la indemnización reclamado por personas que afirman haber sido víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar en el país, tras haber detectado irregularidades en los procedimientos, según el Ministerio de Justicia.
“Ordenamos una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas en el marco de las Leyes de Reparación de Bienes para las víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro. Mariano Cúneo Libaronainformar la declaración.
Según el texto, difundido a través de la cuenta oficial X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago” del beneficio para personas que fueron objeto de crímenes de lesa humanidad.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno de facto, entre 1976 y 1983, en el que miembros de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta el día de hoy, el Estado había resarcido el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la actual dirección, eso estará sujeto a revisión.
El ministro, miembro del gabinete del presidente. Javier Mileiadelantó la decisión mediante resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, mediante la cual se auditoría integral de todas las solicitudes formuladas al amparo de las leyes de reparación patrimonial de las víctimas del terrorismo de Estado.
Entre los fundamentos, la Justicia señala que la medida surge del caso “”Martínez Moreira, Adrián. y otros sobre fraude, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que fue confirmado por la Sala II de la Corte Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En este expediente fueron procesadas personas que son acusadas de haber falsificado datos para recibir el beneficio otorgado por el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
“El Ministerio articulará las medidas para no pagar las sumas económicas de las prestaciones a quienes no correspondan. Además perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido imputados indebidamente para que puedan ser devueltos a las arcas del Estado”, concluye el texto compartido por Cúneo Libarona.
Las compensaciones económicas y pensiones que el Estado otorgó hasta la fecha a las víctimas de la última dictadura militar están previstas en seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia una demanda contra el Estado y prueba el daño en un caso judicial. . Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchas de las sentencias pueden haberse obtenido mediante documentación falsa.
El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada solicitud de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia.
Tras la resolución, el ministro informó que la supuesta estafa anida en alrededor de 100 casos, con procedimientos iniciados en la Justicia, en los que se reclamaron pagos de 150 mil dólares en cada presentación, lo que hace una cifra de 15 millones de dólares. . El Gobierno sostiene que todo ello presenta sospechas, por parte de quienes iniciaron el proceso, de haber falsificado datos. “Esto no hubiera podido suceder sin la colaboración de los funcionarios”, denunció Cúneo Libarona en declaraciones a LN+.
El funcionario indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a víctimas del terrorismo en Argentina. También se enfrentaba a la indemnización de 14.400 casos de exiliados.
La resolución emitida este lunes por la cartera que conduce el ministro Cúneo Libarona tiene como precedente en el oficialismo una iniciativa que había defendido Victoria Villarruel incluso antes de ser elegido vicepresidente.
En 2021, incluso antes de convertirse en Diputado Nacional, el compañero de fórmula de Javier Milei había afirmado: “La labor de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una impresionante cantidad de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, exiliadas y niños apropiados. Hubo víctimas de estas presuntas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo establece”, afirmó Villarruel de manera crítica en aquella oportunidad.
