Quito (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, somete este domingo al voto de la población las reformas que marcarán el rumbo de su Administración, en un referéndum centrado en combatir el crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo, que Se celebrará a menos de un año de las elecciones generales y en medio de una grave crisis energética, con apagones de hasta ocho horas diarias.
Tras ganar las elecciones extraordinarias del año pasado, Noboa ya había anunciado su intención de realizar este referéndum en los primeros cien días de su mandato, pero al final lo hará cuando esté a punto de cumplir cinco meses de mandato.
Decisiones políticas en juego
Si gana el referéndum, el presidente tomará impulso con la intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2025, pero si el resultado es negativo perderá fuerza y será más difícil repetir la victoria electoral.
Algunas de las once preguntas que componen este referéndum son similares a las propuestas del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) en el plebiscito que convocó en febrero de 2023 y que perdió por completo, lo que lo dejó en una situación muy débil que un Unos meses más tarde desembocó en las nuevas elecciones que ganó Noboa.
Termómetro de popularidad en Ecuador
A diferencia de Lasso, Noboa llega a esta cita en las urnas con un importante colchón de popularidad que a principios de año rondaba el 80%, nivel similar al de Nayib Bukele en El Salvador, con quien se le ha comparado mucho. por su mano dura contra el crimen y la política penitenciaria.
Y aunque la popularidad de Noboa se ha disparado desde enero con la declaración de “conflicto armado interno” para combatir a las bandas criminales, está por ver cómo la crisis energética que se desató esta semana, con apagones de hasta ocho horas, ha influido en su aceptación. A hoy.
También en las últimas semanas ha aumentado la violencia por parte de bandas criminales, lo que en los últimos años ha llevado a Ecuador a ser uno de los países con más homicidios per cápita de América Latina, con 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Dos alcaldes asesinados en tres días
Sólo esta semana han sido asesinados a tiros dos alcaldes de dos localidades en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, una de las actividades en las que ha incursionado el crimen organizado, además del narcotráfico.
De las once preguntas del plebiscito, la mayoría tienen como objetivo dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, como la que propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en operativos contra bandas criminales de manera permanente, sin la necesidad de emitir estados de excepción.
Asimismo, también se busca que sean militares los encargados de controlar el acceso a las cárceles, epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las pandillas tenían el control interno de las cárceles y tenían grandes arsenales de armas en su interior. armas de fuego, explosivos y cuchillos.
Otra cuestión clave es la posibilidad de permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridas por la Justicia de otros países.
Penas más duras en Ecuador
También se propone aumentar las penas para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y eliminar los beneficios penitenciarios para algunos de este tipo de delitos, de manera que los condenados bajo estas figuras cumplan toda su pena en prisión.
A esto se suman las propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que las armas incautadas a los delincuentes vayan inmediatamente a equipar a las fuerzas, además de agilizar el proceso de expropiación de mercancías de origen ilícito.
Otros temas del referéndum se centran en establecer un sistema de tribunales constitucionales, aceptar el arbitraje internacional en cualquier jurisdicción para facilitar la llegada de inversiones y permitir contratos laborales por horas, con la idea de impulsar la creación de empleo, especialmente para los jóvenes.
Estas dos últimas medidas han suscitado el rechazo de formaciones políticas y organizaciones sociales de izquierda, al considerar que suponen perder soberanía nacional y generan mayores costos al Estado y precarizan el mercado laboral.
