En las últimas horas se conoció un grave informe de la Contraloría General de la Nación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la corrupción que se estarían presentando en al menos 18 Entidades Promotoras de la Salud (EPS) y que dejarían en evidencia el mal manejo que se estaba haciendo. Estaría donando a recursos públicos.
El documento reveló que más de nueve mil millones de pesos asignados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos han sido desviados hacia actividades, bienes y servicios que nada tienen que ver con la atención de los pacientes por parte del servicio de salud. . La situación es más grave porque esto habría ocurrido durante los años 2020 y 2021, época en la que la pandemia de coronavirus desató una gran crisis sanitaria.
La aclaración de la Contraloría
Ante la polémica desatada, la Contraloría emitió un nuevo comunicado este lunes 8 de abril para aclarar que lo publicado hasta el momento corresponde a un informe preliminar, el cual se encuentra en la etapa de traslado de observaciones a las diferentes EPS involucradas, para que puedan dar respuesta a las preguntas y observaciones allí formuladas.
La entidad indicó que una vez concluida esta etapa de revisión, el siguiente paso será proceder al cierre y publicación del informe respectivo, tal como lo ordenan los lineamientos que rigen en la Contraloría. Luego de esto se comenzarán a tomar las medidas correspondientes, ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión.
“En los casos en que existan presupuestos para formular comprobaciones fiscales por presunto perjuicio patrimonial, se realizarán los análisis jurídicos necesarios para abrir procesos de responsabilidad fiscal conforme a lo previsto en la ley”, finalizó la Contraloría.
Algunos de los hallazgos
Respecto a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno la semana pasada, informó el ente de control posibles irregularidades por más de mil millones de pesos en impuestos, transferencias directas y otras deudas.
En las otras 15 EPS registradas en este informe también aparecen otros conceptos como suscripción futura de acciones, gastos de representación, dividendos y partícipes, deterioro de inversiones, litigios y juicios, registros mercantiles, entre otras actividades.
