Considerando que la congestión de expedientes resulta en muy poca eficiencia a la hora de resolver las demandas de protección de los derechos de los consumidores que tenía a su cargo, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió suspender por casi dos meses los plazos de todos los procesos adelantados por la Delegación de Asuntos Jurisdiccionales.
Esta oficina es la encargada de llevar a cabo todos los procesos de demanda de ciudadanos que consideren que se vulneraron sus derechos como consumidores. La medida, además, rRestringe la recepción de reclamaciones de este tipo por parte de la SIC entre el 24 de abril y el 10 de junio.
La Delegación estaba adelantando, entre otros, procesos como los derivados del cierre de las aerolíneas Viva Air y Ultra, las cuales fueron liquidadas con un alto impacto en cientos de usuarios que interpusieron demandas masivas. Esto provocó, en parte, el colapso y congestión de esa oficina.
Este plan buscará, dice la SIC, “una pronta administración de justicia a fin de garantizar los derechos de los usuarios al acceso efectivo y oportuno al sistema de administración de justicia adscrito a la Delegación para Asuntos Jurisdiccionales en los asuntos de su competencia.”
Por ello, la entidad decidió suspender la recepción, distribución y trámite de todas las acciones judiciales que tienen en las oficinas, desde el 24 de este mes hasta el 10 de junio e invitó a la ciudadanía a acudir a la justicia ordinaria. “para hacer valer sus derechos en materia de consumo, protección industrial y competencia desleal”.
La medida ha generado polémica en diferentes sectores, ya que se teme que haya un alto volumen de este tipo de procesos llegando a la justicia ordinaria.lo que podría significar una mayor congestión y la posibilidad de que también se vea obstaculizado el funcionamiento del poder judicial.
¿Afecta el derecho de acceso a la justicia?
Expertos consultados por EL TIEMPO dividieron opiniones respecto a esta medida. Por un lado, mostraron su preocupación no sólo porque demuestra que la función jurisdiccional termina desbordando a las superintendencias, sino también porque restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia.
Pero por otro lado consideraron que si no toman medidas la situación empeorará y por tanto Es necesario un proceso urgente de reorganización interna para restaurar la eficiencia de la SIC en el procesamiento de reclamos.
“Históricamente se ha sostenido que las Superintendencias pueden ejercer estas funciones porque son más efectivas en la realización de los procesos que les encomiendan. Pero el hecho de que uno ya diga que no pueden hacerlo y que deben cerrar demuestra claramente que en realidad ese no es el caso”. afirmó Maximiliano Rodríguez Fernández, director del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia.
Rodríguez Fernández agregó que no se conoce ningún precedente y no es aceptable “que un juez, en este caso la SIC, decidir de forma autónoma y unilateral impedir que los usuarios y ciudadanos accedan a un foro creado por ley” y comparó el hecho con la congestión que se vive a diario en la justicia ordinaria.
“Imagínese si los jueces dijeran que dejan de trabajar porque están demasiado ocupados. Tendrían que cerrar todos los juzgados. Y no hay comparación entre ese volumen de trabajo y la carga del SIC. Sin embargo, el poder judicial sigue trabajando porque los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia”.él explicó.
Por su parte, Álvaro Sarmiento, coordinador del área administrativa de la Oficina Jurídica de la Universidad del RosarioAcogió con satisfacción la posibilidad de detener temporalmente los procesos para lograr una mejor atención a las quejas de los ciudadanos.
Y añadió que si no se toman medidas pronto”Llegará un momento en el que todo se derrumbará y será imposible gestionar las demandas de los ciudadanos”.
El 84% de las demandas, sin fallo
La Superintendencia, en el texto de la resolución, explica las razones por las cuales se deben detener por dos meses los plazos, recepción y tramitación de todos los procesos de esta Delegación.
A esa cantidad de expediente se suman 8.222 demandas que se presentaron en los dos primeros meses de este año. Sumado a eso, hay 34.342 expedientes que se encuentran en fase de calificación de demanda.
Para 2023 se recibieron 96,572 solicitudes de atención al consumidor, lo que representa un 50 por ciento más de lo recibido en 2022.
Debido a estas situaciones “temporales”, señala la resolución, “es evidente que “la prestación de servicios de administración de justicia no puede prestarse en su totalidad y en condiciones normales”.
Además de eso, la entidad ya no recibirá, distribuirá ni procesará ninguna demanda de este tipo y ordenó cerrar temporalmente “canales de comunicación presenciales, físicos y virtuales (como sitio web y ventanilla virtual, entre otros), únicamente en relación con procedimientos jurisdiccionales”.
Durante la suspensión de sus funciones, El personal de la Delegación para Asuntos Jurisdiccionales será el encargado de realizar las tareas de “secretaría”.como archivar archivos físicos y digitales, realizar un inventario de procesos y organizar una estrategia que permita distribuir cargas de trabajo y avanzar en mecanismos de descongestión, destaca la SIC.
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