El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la Ley de la seguridad cibernética que reforzará la capacidad de la Unión Europea (UE) para detectar, preparar y responder a amenazas e incidentes de ciberseguridad y que propone crear un ‘Escudo europeo’ compuesto por centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos.
Los eurodiputados dieron ‘luz verde’ definitiva a la norma que busca mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante incidentes de ciberseguridad y promover la soberanía tecnológica europea en materia de ciberseguridad.
La directiva promoverá la gestión conjunta de crisis en la UE para contribuir a garantizar un entorno digital seguro para ciudadanos y empresas. La propuesta emblemática es crear una infraestructura paneuropea que sirva como sistema de alerta de ciberseguridad, compuesta por centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos en toda la UE.
A través de este ‘escudo europeo’, las autoridades podrán responder de forma más “eficiente y eficaz” a las crisis de ciberseguridad gracias al intercambio de información y la detección de ciberamenazas, permitiendo una respuesta más eficiente y eficaz ante incidentes graves. .
Asimismo, un mecanismo de emergencia para apoyar a los 27 en caso de ciberincidentes, que incluye acciones preparatorias como pruebas en sectores críticos, asistencia financiera mutua entre los Estados miembros y una reserva de ciberseguridad compuesta por servicios privados que intervienen cuando una institución o un Estado miembro lo solicita cuando sus capacidades están abrumado.
Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó este martes una legislación que busca acelerar el despliegue de redes de Internet de alta velocidad en la UE y reducir el coste para los consumidores.
Con 594 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento Europeo confirmó así el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero por las instituciones comunitarias y que aún deberá ser confirmado por el Consejo de la UE, institución que representa a los países, para que entra en vigor.
La normativa persigue el objetivo de que todos los ciudadanos de la UE tengan una conexión de banda ancha de aquí a 2030, fundamental para el buen funcionamiento de la inteligencia artificial, la realidad virtual o el internet de las cosas.
“La legislación nos impulsará en la carrera digital”, afirmó en un comunicado el ponente del reglamento, el liberal Alin Mituta.
La normativa también quiere poner poner fin a los costes extra que las compañías telefónicas cobran a los clientes por llamar o enviar mensajes de texto a otro país de la Unión Europea. Actualmente, el precio máximo por llamar al extranjero es de 19 céntimos el minuto y por enviar un mensaje a otro número situado en otro país de la UE es de 6 céntimos. Estos sobrecostes se mantendrán hasta 2032 y la normativa insta a la Comisión Europea a adoptar medidas para eliminarlos definitivamente.
(Con información de EFE y EuropaPress)
