La elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, el pasado 21 de marzo, sigue generando polémica. Su posesión, el pasado 2 de mayo, no fue ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en Bogotá, sino en una notaría, lo que desató una serie de reacciones y acciones legales; y todo por la determinación del Gobierno de ignorar esta determinación y centrarse en su caída.
Durante la sesión se aprobó el nombre de Peña, pero por un error en los datos de emisión de su cédula de ciudadanía, el acta no estaba firmada en ese momento. Así quedó evidenciado en el audio revelado por Radio Blu del lunes 17 de junio, en el que se confirmó que no hubo discrepancias en la elección y que el único punto pendiente era la corrección del municipio que emitió su documento.
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Este recurso, correspondiente a la sesión extraordinaria 05 del CSU, se convertiría en la principal prueba contra el Ejecutivo, pues a pesar de estar de acuerdo con el nombramiento del rector Peña en un primer momento, luego tuvo un giro trascendental. El audio verificaría que no hubo irregularidades aparentes en la elección; contrario a lo que ha señalado la ministra de Educación, Aurora Vergara.
El titular de la cartera, que presidió la sesión, Preguntó a los concejales presentes si tenían alguna objeción a la decisión. Ninguno presentó observaciones adicionales, salvo la corrección del lugar de expedición, que debería ser Chiquinquirá (Boyacá) y no Marinilla (Antioquia). Sin embargo, tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, la postura de Vergara cambió.
Petro expresó su disconformidad a través de su cuenta X y criticó decisión del CSU por no elegir a Leopoldo Múnera, que había ganado en las elecciones de todas las promociones universitarias. El presidente incluso calificó esta elección como “un golpe antidemocrático contra los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios”, por lo que pidió que se tomen medidas al respecto.
Aunque la ministra Vergara ofreció varias explicaciones, nunca firmó el acta, según informó el medio antes mencionado. Lo que provocó que Peña tuviera que tomar posesión en la Notaría 14 de Bogotá, en lugar de hacerlo ante el CSU, debido a prórrogas en su situación. Ante esto, el titular de la cartera se encargó de alimentar la polémica y desconocer lo acordado el pasado 21 de marzo para la llegada del rector electo.
Ante el escándalo, la ministra indicó que no firmaría el acta hasta que refleje “la verdad de lo ocurrido en la sesión del 21 de marzo”. Cuatro miembros del CSU presentes en la sesión, como Verónica Botero y Diego Torres, pidieron levantar la reserva de los audios de las nueve horas de la reunión y hacerlos públicos; y aunque Vergara autorizó su divulgación, enfatizó que se necesitaba la aprobación de los demás integrantes.
El 7 de mayo, durante un Consejo de Ministros, Vergara se declaró incapaz de inspeccionar y monitorear el proceso de designación de Peñay el Ministro de Cultura, Juan David Correa, fue designado como Ministro de Educación ad hoc. El funcionario designado, sólo hasta el 6 de junio, logró el objetivo del Gobierno: derrocar a Peña y designar a Múnera como nuevo rector en su lugar, en medio de duras críticas.
Ante esta determinación, el rector suspendido, vale precisar, anunció acciones legales, al mismo tiempo que una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, por Múnera y el abogado Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia, sigue sin resolverse; que si fuera favorable a Peña podría tirar por la borda lo hecho por el Consejo Superior Universitario.
Hasta la fecha, destacó Radio BluAún no se ha dado autorización por parte de dos delegadas presidenciales, Danna Nataly Garzón y María Alejandra Rojas, para hacer públicos los audios completos de la polémica sesión del 21 de marzo.
