En el mes de febrero, la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. En total, casi $800 millones fueron pagados en salarios sin justificación en el Departamento de Salud.
Los meses han ido avanzando y poco se ha sabido sobre el tema. Es más, al ser consultado el fiscal del caso, Carlos Vidal, se limitó a señalar que la investigación sigue abierta y vigente.
Sin embargo, quien sí brindó más detalles sobre el alcance de la investigación fue el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien explicó que hace un tiempo se reunió con el fiscal regional y se acordó brindar toda la información que le fue solicitada. .
“De hecho, hoy (martes) me pidieron antecedentes. Hace una semana me lo pidieron, por eso, el caso avanza y creo que se está cumpliendo la palabra del fiscal, que es lo importante”, afirmó el intendente serenense.
Deben pagar con cárcel
En ese sentido, Jacob es enfático en sostener que brindará toda la información que se le solicite, ya que él es el más interesado en que la verdad salga a la luz y que las personas involucradas en el caso sean formalizadas y se pueda recuperar el dinero. . de alguna manera.
“Estas personas deben pagar con prisión, que es lo que se merecen después de malversar mientras otros funcionarios quitaban la ‘tierra’ salvando vidas. Por eso es necesario que les caiga todo el peso de la ley”, afirmó el alcalde.
En ese contexto, Jacob reiteró que la investigación va por buen camino a pesar de lo lenta que puede resultar para algunas personas.
“Este tipo de investigaciones no son tan rápidas como uno quisiera, porque se debe recopilar mucha información y presentarla en consecuencia para hacer un buen cuadro con toda la información posible para que puedan ser presentados ante la justicia”, explicó el alcalde.
Entrega de información
Una visión similar sostiene Jorge Díaz, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, quien señala que desde el momento en que tuvo conocimiento del desfalco en el Departamento de Salud, la institución, además de presentar las acciones legales que corresponden por la gravedad del caso, desde febrero de 2022 han colaborado con todos los requerimientos realizados por el Ministerio Público, ya sea brindando la información solicitada, así como brindando declaraciones ante los entes investigadores.
La corporación reitera que se entregó información completa a la Fiscalía, la cual incluye información proporcionada por el alcalde sobre la inexistencia de contratos de honorarios u órdenes de trabajo que permitieran vincular a los imputados con los servicios que cobraban de manera fraudulenta, así como como la individualización de aquellas personas que recibieron pago de honorarios por servicios no realizados y de los sumarios que se hayan tramitado hasta la fecha con motivo de estos hechos.
“Estimamos que la Fiscalía podrá solicitar, en el corto plazo, una audiencia de formalización en contra de aquellas personas cuya participación en el delito -a nuestro juicio- ya está acreditada”, dijo Díaz.
Asimismo, indica que se encuentran a la espera del informe solicitado a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para conocer el resultado de diversas diligencias realizadas por la fiscalía a solicitud de la corporación.
“Esto, con el fin de tomar medidas concretas para acelerar las diligencias de investigación y poder cooperar con la pronta resolución de estos hechos. El alcalde Jacob sostuvo una entrevista con el fiscal regional, Patricio Cooper, en abril, con el fin de pedirle que agilice la investigación de este caso”, explicó.
En ese sentido, la corporación afirma que continuará colaborando y monitoreando el avance de las diligencias de investigación solicitadas, así como las instruidas por la fiscalía local de La Serena.
“Confiamos en que con la nueva gestión de la fiscalía regional se dará prioridad a la investigación de este tipo de delitos que afectan no sólo la integridad administrativa, sino también la confianza pública depositada en quienes ostentan la condición de funcionarios públicos. funcionarios. ”, concluyó Jorge Díaz.
